Investigan la apropiación de G. 725 millones de indemnización de ANDE tras la muerte de dos personas

• Las familias afectadas solo recibieron una fracción del dinero pactado, mientras que una gestora y su cómplice habrían adquirido vehículos y propiedades con los fondos desviados.
• Una gestora habría cobrado millones en honorarios no acordados, y se señala la complicidad de una escribanía y el banco en el cobro irregular de los cheques.
• La fiscal Norma Salinas, a cargo del caso, ya identificó a los principales sospechosos, incluidos gestores, abogados, notarios y empleados bancarios, quienes habrían facilitado el fraude.

La Fiscalía investiga la supuesta apropiación de G. 725 millones correspondientes a la indemnización de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), tras la muerte de Antonio Acosta Contrera (53) y Mariano Ramírez Casco (43), ocurrida el pasado 2 de agosto cuando un cable de alta tensión de la ANDE se soltó, provocando su fallecimiento.

El caso salió a la luz cuando las familias afectadas concurrieron a la Fiscalía la semana pasada, tras descubrir el monto real de la indemnización que debía ser distribuida entre ellas. Según la fiscal Norma Salinas, quien está a cargo de la investigación, las familias firmaron un acuerdo con la ANDE por un monto de G. 400 millones cada una. Sin embargo, las cantidades recibidas por las víctimas fueron considerablemente inferiores.

Salinas explicó en contacto con el programa Hablando Claro emitido por Radio Mundo Sol, que ella misma llevó adelante el proceso desde el momento del levantamiento de los cadáveres el 2 de agosto, cuando ella estaba de turno. Luego, también la apertura de la carpeta fiscal por apropiación de fondos.

“Luego de la muerte de estas dos personas, llegó una escritura pública a la Fiscalía en la que las familias de las víctimas firmaban un acuerdo con la ANDE, pero fue entonces que se descubrió el monto de los cheques: 400 millones para cada familia”, detalló.

La fiscal reveló que una gestora, quien intermediaba entre las familias y la ANDE, fue quien aparentemente se apropió de una gran parte del dinero. Según los testimonios, la madre de una de las víctimas recibió 40 millones de guaraníes de los 400 millones que le correspondían, pero la gestora le pidió 10 millones como honorarios, dejándola con solo 30 millones. La otra familia recibió 50 millones y también se les descontaron 5 millones por “honorarios”. “En total, estamos hablando de una falta de 725 millones de guaraníes”, afirmó Salinas.

Salinas expresó que el caso está plagado de irregularidades, comenzando con el poder especial que se utilizó para cobrar los cheques. “El poder no debió ser admitido de la manera en que fue presentado. El banco también tiene su cuota de responsabilidad, ya que en casos de repatriación solo se pueden cobrar hasta 30 millones, y aquí se procesaron 400 millones por cada cheque”, señaló.

A pesar de que el informe del banco aún no ha sido recibido, la fiscal mencionó que ya se solicitaron los documentos necesarios. “El jueves pasado libramos todos los oficios pertinentes, y también descubrimos que la escribanía que realizó el poder no estaba habilitada. Ese documento es clave para imputar a los responsables”, explicó.

Asimismo, señaló que hay aproximadamente ocho personas involucradas en el caso, incluidos gestores, testigos de actas notariales, cajeros, y encargados del banco.

Entre los sindicados están Ana Delia Acosta y Darío Flores. La primera es la persona de confianza de las familias para realizar las gestiones de cobro, mientras que Flores se presentó como abogado defensor de las víctimas. Supuestamente, Acosta; quien se desempeñaría como Secretaria de la Mujer en la Municipalidad de R. I. 3 Corrales, ya habría adquirido un auto 0 km con el dinero producto de la estafa.

Ninguno de ellos fue llamado a declarar todavía, pero la fiscal no descartó la posibilidad de que sean citados próximamente. “Ellos tienen el derecho de hacer un descargo si lo consideran necesario, pero por ahora, nuestra investigación sigue su curso”, aseguró.

Salinas señaló que hasta el momento hay ocho personas implicadas en el caso, entre ellos dos gestores, quienes serían los principales sospechosos de haber cobrado los cheques de forma irregular, además de dos testigos que participaron en la firma del acta notarial, el cajero y el encargado del banco, quienes habrían facilitado el cobro de los montos sin verificar debidamente los poderes presentados. También se involucra a la persona que elaboró la escritura pública y a quien debía supervisar el cumplimiento de los términos del acuerdo.

Además, la Fiscalía solicitó las cámaras de seguridad del banco para verificar quiénes fueron las personas que efectivizaron los cheques. “El viernes por la tarde y el sábado por la mañana vinieron los técnicos de la central para extraer los datos de las cámaras de circuito cerrado. Las víctimas ya han declarado y lo que necesitamos ahora son los informes de la escribanía que realizó el poder especial para cobrar los cheques”, detalló.

Preocupación de la ANDE

El director jurídico de la ANDE también ha mostrado su preocupación por el caso y se ha puesto en contacto con la Fiscalía.

Según Salinas, la ANDE seguió todos los procedimientos correctos en la emisión de los cheques y cree que los errores ocurrieron en el proceso de cobro. “El cheque debía ser depositado en una cuenta de ahorros y luego recién efectivizado, pero hay tantos pasos que se omitieron que parece que nadie pensó que esto se iba a descubrir”, concluyó la fiscal.

La investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días se revelen más detalles que ayuden a esclarecer el destino de los 725 millones faltantes.