Incertidumbre sobre la inclusión automática de adultos mayores en la pensión de la tercera edad
- A pesar de la promulgación de la ley que establece la inclusión automática de adultos mayores a la pensión de la tercera edad, aún persisten dudas sobre su implementación.
- No hay claridad sobre el proceso, los criterios de selección, ni la disponibilidad de recursos, lo que genera una gran incertidumbre entre los beneficiarios potenciales.
- La ley, según el diputado Antonio Buzarquis, carece de los mecanismos necesarios para garantizar que los beneficiarios sean identificados de manera efectiva.
La promulgación de la ley que establece la inclusión automática de los adultos mayores para acceder a la pensión de la tercera edad sembró gran incertidumbre sobre su implementación. A pesar de que la ley ya pasó por el Congreso y fue sancionada por el presidente de la República, Santiago Peña, aún no se tiene claridad sobre el procedimiento, el cronograma o los criterios específicos para que los beneficiarios puedan recibir la tarjeta y si deberán realizar algún trámite en ventanilla.
El diputado Antonio Buzarquis expresó su preocupación por la falta de información y coordinación en torno a esta ley. “Acá tenemos una gran nebulosa, una desinformación enorme”, destacó Buzarquis en contacto con el programa Hablando Claro emitido por Radio América, quien recordó que la ley debía ser reglamentada por un decreto del Poder Ejecutivo bajo la supervisión del Ministerio de Desarrollo Social, pero hasta ahora no hay detalles sobre cómo se llevará a cabo el proceso.
El legislador también cuestionó que, durante la discusión de la ley, no se lograra establecer un mecanismo de coordinación con los gobiernos municipales, lo que antes facilitaba la identificación de los beneficiarios a través del censo. “Ahora nadie sabe cuáles serán los criterios para que una persona pueda ingresar o no. Se habla de la edad, pero no sabemos si habrá otros requisitos”, añadió.
Buzarquis también criticó el carácter populista de la medida y advirtió que, aunque se aprobó bajo la promesa de un acceso automático a los 65 años, la ley incluye una cláusula que condiciona la inclusión a la disponibilidad presupuestaria. “Es una mentira más para la gente. Decir que cumplir 65 años te garantiza la inclusión inmediata no es cierto. La disponibilidad de recursos será clave y eso no está claro”, afirmó.
El diputado explicó que el presupuesto necesario para ejecutar la ley aún está por definirse, ya que dependerá de la asignación de fondos por parte del Ministerio de Hacienda, lo que podría generar restricciones en la cantidad de beneficiarios. Además, Buzarquis resaltó la falta de mecanismos de control y seguimiento para los ciudadanos que busquen información sobre su inclusión en el programa. “Ahora ya no tenemos mecanismo de control. Si un ciudadano me llama y me pregunta sobre su situación, no sé a quién derivarlo”, señaló.
En cuanto a la ejecución del programa, el Ministerio de Desarrollo Social será el encargado de coordinar y gestionar los datos de los beneficiarios, utilizando registros de instituciones como el Registro Civil, el IPS, y la Justicia Electoral. Sin embargo, la confiabilidad de los datos y los posibles reclamos aún son una incógnita, lo que podría generar problemas a medida que avance el proceso.
Finalmente, el diputado criticó el apresuramiento en la aprobación de leyes, sin un análisis profundo ni diálogo entre los diferentes sectores políticos. “Muchas leyes se están aprobando a tambor batiente, sin razonamiento ni análisis”, concluyó. La falta de claridad sobre el proceso deja a muchos adultos mayores y a los ciudadanos en general a la espera de una reglamentación que explique cómo se implementará realmente esta medida.