Impacto ambiental en Cecilio Báez: La fiscalía ya investiga el caso
- Las denuncias contra una granja avícola en Cecilio Báez siguen acumulándose. Vecinos afectados relatan los graves problemas de salud y contaminación que enfrentan diariamente.
- El abogado Hernán Giménez lidera la representación legal de los pobladores que exigen medidas urgentes. El Ministerio Público ya investiga el caso.
- “La situación es insostenible”, advierten los denunciantes. Mientras tanto, la empresa sigue operando en pleno centro urbano sin respuestas claras de las autoridades.
Las 144 familias del barrio San Miguel, en Cecilio Báez, siguen soportando olores insoportables, proliferación de insectos y contaminación del agua. La causa: una granja avícola en pleno centro urbano cuya operación ha sido denunciada por los pobladores, quienes exigen una respuesta de las autoridades.
En una entrevista con el programa Hablando Claro, emitido por Radio América 95.3 FM y Canal 4 TVCSA, el abogado Hernán Giménez, representante legal de los vecinos, describió la gravedad del caso. “Estamos hablando de un problema serio de contaminación ambiental. Hay niños que no quieren comer por el olor nauseabundo, ancianos que ven afectada su salud y un arroyo que está siendo contaminado con residuos de la granja”, afirmó.
Los vecinos han presentado pruebas fotográficas y videos que muestran cómo los desechos líquidos de la granja van a parar a un cauce natural. Además, denuncian que la presencia de la industria ha generado la proliferación de vectores como moscas, afectando la vida cotidiana de la comunidad.
La fiscalía ya tomó intervención en el caso y solicitó informes sobre la situación. Según Giménez, “estamos en una etapa de recolección de información. Sabemos que existe una resolución del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) que aparentemente aprobó el impacto ambiental de la empresa, pero la realidad es otra. Lo que está ocurriendo es un atentado contra la salud de la población”.
El intendente Leonardo Fabio también ha sido mencionado en el conflicto. Según el abogado, aún no han mantenido un diálogo directo con él, pero confían en que tomará medidas correctivas. “Es una persona comprometida con su comunidad y creemos que buscará una solución para este problema”, sostuvo.
La pregunta central sigue sin respuesta: ¿cuál es la salida para este conflicto? Para Giménez, hay dos caminos posibles. “O se trasladan fuera del ejido urbano o se adecuan a las normativas ambientales de manera estricta”. La comunidad reconoce que la empresa genera empleo, pero advierte que esto no justifica el daño que provoca.
Mientras tanto, los afectados siguen a la espera de una solución concreta. “No se puede vivir en estas condiciones. Queremos que las autoridades actúen antes de que sea demasiado tarde”, sentenció el representante legal.
