Grave denuncia por vertido de aguas cloacales de la Penitenciaría de Coronel Oviedo
- Fuerte denuncia por delito ambiental: aguas residuales de 2.000 personas son vertidas sin tratamiento en la zona.
- El río Tebicuarýmí, en peligro por la contaminación proveniente de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo.
- Piden intervención de organismos técnicos y acciones urgentes del Ministerio de Justicia.
La contaminación ambiental en la zona de Zaro Caró ha sido denunciada por el abogado Enrique Villagra, quien, en representación de la Multisectorial de Defensa del Río Tebicuarýmí, presentó una denuncia ante la Fiscalía por el vertido de aguas cloacales sin tratamiento en pastizales cercanos a la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo. Según la denuncia, los desechos de aproximadamente 2.000 personas están siendo arrojados de manera irregular, lo que representa un grave peligro para el medio ambiente y la salud de la comunidad.
Villagra informó que, en conjunto con Rubén Villalba, deberán ratificar la denuncia ante la unidad especializada a cargo del fiscal Fermín Segovia para que se inicie la investigación correspondiente y se identifique a los responsables de la contaminación. “Los artículos 7 y 8 de la Constitución Nacional protegen el medio ambiente, y toda persona tiene derecho a vivir en un entorno saludable y equilibrado. Exigimos que el Ministerio Público tome cartas en el asunto para evitar que los residuos lleguen al cauce del río Tebicuarýmí”, manifestó el abogado.
El denunciante también resaltó que es fundamental la presencia de técnicos especializados de distintos organismos estatales para verificar la situación y realizar pruebas de laboratorio sobre la calidad del agua en la zona afectada. Además, expresó su preocupación por la falta de acciones concretas por parte del Ministerio de Justicia, institución responsable de la penitenciaría.
Esta no es la primera vez que se denuncia una situación similar. En 2018, vecinos de la misma comunidad reclamaron por hechos de contaminación ambiental, pero aparentemente el proceso judicial no tuvo un desenlace satisfactorio. “Es preocupante que estos hechos se repitan sin que se implementen soluciones definitivas. Las autoridades penitenciarias deben asumir su responsabilidad y garantizar el correcto tratamiento de las aguas residuales”, señaló Villagra.
La comunidad cercana a la penitenciaría sufre las consecuencias de esta contaminación, con la presencia de malos olores, insectos y roedores. Por ello, los denunciantes solicitan que los recursos y presupuestos disponibles sean utilizados adecuadamente para preservar el medio ambiente. Como siguiente paso, Villagra adelantó que solicitarán la intervención in situ de expertos para la toma de muestras y análisis de laboratorio, con el objetivo de determinar el impacto real de la contaminación y exigir medidas correctivas.
La situación pone en evidencia la necesidad de un control riguroso y de una política ambiental más efectiva para evitar que los residuos cloacales sigan afectando los recursos hídricos y la calidad de vida de la población.
