Gaby se declara enemigo político de Beto y recusa al juez Armando Mendoza

  • El concejal departamental, Gabriel González Torres, cumple con prisión preventiva por el presunto crimen de violencia familiar.
  • Recusó al juez Armando Mendoza Balmaceda, cuñado del senador Silvio ‘Beto’ Ovelar.
  • El ahora detenido, afirma que tiene enemistad política con el senador Ovelar y lo acusa de ordenar a sus parientes que están en el sistema judicial.

//OviedoPress

El expediente ahora está en manos del magistrado, César Narváez, quien deberá expedirse sobre la remisión a la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo (Zarocaro) al detenido en la comisaría, debido que, hasta este miércoles, no se recibían nuevos reclusos en la cárcel. La medida ya fue levantada y desde la fecha ya podrán ingresar nuevos reclusos.

En la tarde de este miércoles, la defensa técnica de Gabriel González representada por el abogado Martín Olmedo, presentó una nota a través de la cual recusó al magistrado, Armando Mendoza Balmaceda, quien había decretado la prisión preventiva del imputado por el presunto crimen de violencia familiar, contra su pareja sentimental, denunciado en la noche del último domingo.

En el momento la fiscal, Gladys Torales de Ovelar, ordenó la detención del concejal departamental colorado teniendo en cuenta las primeras evidencias recogidas del domicilio del supuesto agresor, donde se constituyó con su comitiva y acompañado de la Policía Nacional, tras una llamada de la supuesta víctima, pidiendo auxilio al sistema 911 de emergencia policial.

La agente fiscal fue recusada por Gabriel González Torres con el argumento de que existe una conocida enemistad política entre el senador Silvio ‘Beto’ Ovelar y el hoy detenido. Además, acusó al legislador de ordenar a sus parientes lo que deben hacer en el ejercicio de sus funciones. Gladys Torales de Ovelar es esposa del primo hermano de ‘Beto’, Walter Ovelar.

La investigación pasó a la Unidad Fiscal Nro. 1 a cargo de la agente, Norma Ortíz, quien solicitó la prisión de Gabriel González Torres. “Existen indicios que lo involucra, para seguir con la investigación, solicité su prisión preventiva”, expresó la agente del Ministerio Público en contacto con OviedoPress.

En la tarde de este miércoles, el abogado Martín Olmedo, presentó recusación contra el juez Armando Mendoza Balmaceda. El argumento es el mismo que fue presentado en la recusación de la agente fiscal, Gladys Torales de Ovelar: enemistad política del imputado con el senador Silvio ‘Beto’ Ovelar, quien es cuñado del juez Mendoza Balmaceda.

La carpeta del expediente fue remitido a la secretaría del Juzgado a cargo del magistrado César Narváez, quien entenderá en la causa mientras se conozca una resolución que designe al nuevo juez, tras la recusación presentada.

César Narváez es quien deberá definir el envío del detenido a la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, teniendo en cuenta que el Ministerio de Justicia dispuso su habilitación para la recepción de nuevos reclusos.

Medidas insuficientes

La fiscalía solicitó prisión del imputado por violencia familiar, Gabriel González Torres, con el argumento de que existen indicios que lo involucran en el hecho que habría afectado a su pareja y porque supone un peligro estar de manera cercana a su supuesta víctima.

Sin embargo, no fueron arbitradas medidas que realmente impida el acercamiento de ambos protagonistas de la presunta violencia familiar. No existe una prohibición de acercamiento de la supuesta agredida al detenido. Tal es así que no se garantiza que la mujer, en estado vulnerable, no sufra presión, amenaza o cualquier tipo de violencia por parte de Gabriel González Torres.

En la noche del martes, la mujer quien a toda costa niega que fue agredida, fue hasta el quincho de la Comisaría, supuestamente de motus propio, a visitar y llevar la cena a su pareja con quien aparentemente no rompió relación.

¿Es suficiente la medida de prisión preventiva para evitar el acercamiento de supuestos agresor y agredida?

La fiscalía deberá analizar la conducta de ambas personas y verificar que no exista peligro de repetirse hechos que podría llegar a peores, como demuestran las evidencias de casos anteriores en las que no fueron arbitradas las medidas de protección establecidas en la Ley 5777 de Protección de los derechos de la mujer.

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