G. 317 millones sin papeles: el gasto que hundió el balance de Magín Benítez

  • La Junta Municipal de Villarrica identificó un pago millonario sin documentos como una de las claves del rechazo presupuestario.
  • El intendente Magín Benítez no presentó facturas ni informes que justifiquen el gasto de G. 317 millones.
  • El caso será remitido a la Contraloría y al Ministerio Público por posible malversación.
Concejales de Villarrica durante la sesión ordinaria. ll Cortesía

Un desembolso de G. 317.820.472 sin documentación respaldatoria se convirtió en uno de los principales motivos por los cuales la Junta Municipal de Villarrica resolvió rechazar la Ejecución Presupuestaria 2024 del intendente Magín Benítez. El gasto, correspondiente a servicios y mercado, fue incluido como ejecutado en los informes oficiales, pero no cuenta con ninguna de las evidencias requeridas por la Guía Básica de Rendición de la Contraloría General de la República. “Es inaceptable que una suma tan alta figure sin facturas, contratos, resoluciones o informes técnicos que la respalden”, señaló un concejal durante la sesión ordinaria en la que se trató el balance del Ejecutivo.

Según el dictamen emitido por las comisiones de Hacienda y Legislación, con respaldo del asesor contable Gerardo Gavilán, la ejecución presupuestaria no solo presenta este caso puntual, sino que refleja una tendencia preocupante de gastos sin soporte legal en distintos rubros: Servicios Personales, Bienes de Consumo, Inversión Física y Transferencias. En todos los casos, faltan aprobaciones administrativas, nombramientos formales o certificados de cumplimiento. “Estamos ante una violación directa al principio de legalidad y transparencia que rige el uso de fondos públicos”, advirtieron los dictaminantes.

La Junta considera que este tipo de prácticas no puede pasarse por alto, ya que atenta contra el control ciudadano y la buena gestión institucional. Por ello, resolvieron remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, bajo la sospecha de posibles hechos punibles como “lesión de confianza o malversación de fondos”. El caso de los G. 317 millones sin respaldo se convirtió en un símbolo de las falencias en la administración de Magín Benítez, y podría tener consecuencias legales más allá del rechazo político.

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