Fiscalía anuncia dos imputaciones más por desvío de indemnizaciones de la ANDE
- La fiscala Norma Salinas anunció que el Ministerio Público formulará dos nuevas imputaciones por el millonario desvío de indemnizaciones de la ANDE.
- Hasta el momento, cuatro personas, entre ellas una funcionaria pública, fueron imputadas por presuntos delitos de estafa, apropiación y lesión de confianza.
- La fiscala Norma Salinas señaló que la investigación continúa con fuerza, tras confirmar que las familias afectadas solo recibieron G. 75 millones de los G. 800 millones desviados.
La agente fiscal Norma Salinas informó que el Ministerio Público está avanzando con la investigación del millonario desvío de indemnizaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y anticipó que se formularán dos imputaciones más en los próximos días. Hasta el momento, cuatro personas ya fueron imputadas por su presunta participación en el esquema, incluyendo a la funcionaria Anadelia Acosta Armoa.
En una entrevista con NPY, la fiscala Salinas detalló que el caso involucra el cobro irregular de indemnizaciones por un monto de G. 800 millones, destinadas a los familiares de dos trabajadores que fallecieron electrocutados.
Según la agente, el proceso de investigación sigue en curso y el equipo fiscal está evaluando las pruebas presentadas por la empresa estatal, lo que ha permitido avanzar en la causa.
“Hoy vamos a tomar nuevas decisiones procesales en el afán de dar cumplimiento al Código Procesal Penal, son nuevas imputaciones”, expresó Salinas, asegurando que “el trabajo sigue muy intensamente”. También subrayó que la ANDE proporcionó documentos cruciales para el esclarecimiento del caso.
Hasta la fecha, la Fiscalía imputó a cuatro personas por los presuntos hechos de estafa, apropiación y lesión de confianza. Entre los procesados se encuentra Anadelia Acosta Armoa, exfuncionaria de la Cámara de Diputados (hoy presentó su renuncia), así como su pareja, Ovidio Ramón Oviedo Brítez, su padre, Juan Ramón Acosta y el abogado Darío Aquiles Flores.
Las indagaciones señalan que Juan Ramón Acosta y Ovidio Oviedo Brítez actuaron como testigos de Juana Honorina Casco de Ramírez, madre de uno de los trabajadores fallecidos, para cobrar un cheque en la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF) en Repatriación, departamento de Caaguazú.
El primer cheque, de G. 400 millones, fue cobrado el 11 de septiembre, y el segundo, por la misma suma, el 26 de septiembre.
A pesar del alto valor de las indemnizaciones, las familias afectadas solo recibieron G. 75 millones en total. La Fiscalía se encuentra ahora analizando la responsabilidad de los involucrados y se espera que las nuevas imputaciones contribuyan a esclarecer el destino de los fondos desviados.
