Fiscala detalla pruebas que existen contra Javier Díaz Verón y su esposa
- Este jueves un tribunal tiene que dictar la sentencia para el ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo.
- Los antecedentes revelan que los fiscales Osmar Legal y Natalia Silva, el 13 de agosto de 2019, acusaron a Javier Diaz Verón y a María Selva Morínigo.
La fiscala Natalia Silva afirmó que todos los hechos que pesan sobre el ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa quedaron probados. El Ministerio Público pide ocho y cinco años de cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La Fiscalía pide ocho y cinco años de cárcel, respectivamente.
“Nos comunicaron los miembros del tribunal que se estarían contactando con cada una de las partes para dar lectura a su decisión”, expresó la fiscala Natalia Silva en contacto con radio Monumental 1080 AM.
Al respecto, dijo que, a criterio del Ministerio Público, quedaron probados todos los hechos que pesan sobre el ex fiscal y su esposa, acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
“Existe una falta de correspondencia entre los ingresos en conjunto de Díaz Verón y su esposa, en relación con sus gastos e inversiones”, explicó.
Siguió señalando que ampliamente los gastos e inversiones del matrimonio superaron sus ingresos legítimos.
“Tenemos cuatro empresas donde la señora realizó inversiones. También, tenemos que se hicieron facturas de honorarios profesionales simulando prestación de servicios profesionales, sin que siquiera los clientes le conozcan a ella”, prosiguió.
Silva dijo que la esposa del ex fiscal realizó factura de honorarios por unos G. 900 millones, pero nunca prestó el servicio.
“Hubo muchas facturas que ni siquiera tenían nombres”, sostuvo.
De esa manera justificaban en el banco los depósitos que no tenían justificación legal. Esa es una modalidad del lavado de dinero que quedó probada.
“Ella prestaba servicios profesionales en su calidad de abogada, pero hay clientes que nunca la contrataron. Algunos ni tenían conflictos judiciales”, mencionó la fiscala.
Es más, ellos se declararon como ganaderos, pero ninguno compró un solo ganado ni declaró ningún gasto.
La acusación sostiene que el ex titular del Ministerio Público y su esposa no pudieron justificar la suma de G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos de los años 2008 y 2017. A esto se suma, según los fiscales, que se intentó ocultar los bienes a través de su esposa.