Fiscala abre carpeta paralela contra quienes la recusaron

• Tras la recusación de la agente fiscal Lourdes Soto, el pasado viernes 12 de agosto, este martes 16 se cumplió un allanamiento en tiempo record.

• Es en torno a una causa penal de supuesta clonación de facturas y talonarios contables, que salpica a colonos menonitas y al rector de la UNCA, Hugo Giménez.

La causa se desprende de un proceso penal caratulado Menno Doerkssen Wiebbe y otros s/ producción de documentos no auténticos, que inicialmente era entendido por el fiscal del Ministerio Público, Alejandrino Rodríguez, con la coadyuda de la agente Lourdes Soto, de Coronel Oviedo.

Los representantes del Ministerio Público investigan una supuesta red de clonación de facturas y talonarios contables, a título de la Sociedad Civil Bergthall y/o de sus asociados, los imputados son administradores del Comité asentado en la ciudad de Campo 9, por lo que ante las diligencias impulsadas en el fuero civil y penal por el abogado Adalberto Soto Narváez, primo de la agente fiscal Lourdes Soto, el representante legal de los indiciados, abogado Víctor Portillo, recusó a la agente por supuesta relación de parentesco entre ambos.

La recusación contra la fiscal Lourdes Soto, fue presentada en tiempo y forma el pasado viernes 12 de agosto, a las 07:20 hs. ante el despacho del fiscal adjunto del Área VI de Coronel Oviedo, Augusto Salas, sin que a la fecha fuera aún resuelta dicha recusación debido al fin de semana y al feriado del lunes 15 de agosto, según expresó Portillo.

Llamativamente, en las últimas horas, aparentemente fue abierta una carpeta fiscal paralela a la principal, donde aparece como denunciante Cristian Ledezma, quien también acusa ser víctima del sistema de clonación de facturas por parte de la consultora H&E, propiedad del rector de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), Lic. Hugo Giménez.

La nueva causa, con una celeridad extraordinaria, fue sorteada en los últimos días, sin precisar fecha, en la que aparentemente cayó asignada la agente Lourdes Soto, a decir de la misma ante los medios de prensa, quien ordenó en la tarde de este martes, el allanamiento a las oficinas de Giménez.

Llamativamente, en las últimas horas, aparentemente fue abierta una carpeta fiscal paralela a la principal.

El mandamiento de allanamiento fue ordenado por el cuestionado juez penal de garantías de Coronel Oviedo, Carlos Raúl Zelaya, quien este martes, primer día hábil de la semana, dispuso se diligencie el procedimiento fiscal-policial, que se inició puntualmente a las 17:00 hs. y concluyó, alrededor de las 20:30 hs., disponiendo la agente fiscal Soto del secuestro de cerca de 50 biblioratos contables pertenecientes a la Sociedad Civil y unas 8 a 9 PC’s, y clausurando de manera indefinida el edificio, que quedó con las puertas lacradas.

“Mi recusación es una chicana, Adalberto Soto Narváez entendía en la anterior causa penal, pero sigue en la del fuero civil, esta carpeta para la que caí sorteada está firmada por la abogada Ninfa Beatriz Troche, no existe indicios de vinculo del anterior abogado” expuso la agente, Lourdes Soto.

Así mismo señaló; “entiendo que la recusación aún no ha sido resuelta por el Fiscal Adjunto (Augusto Salas), pero ello no es vinculante con el procedimiento ordenado en la fecha”, al ser consultada si correspondía que la misma diligencie los procedimientos en la causa.

Conforme expresó el representante legal de los colonos denunciados, en fecha 23 de junio del presente año, el ex juez penal de garantías Miguel Angel Rojas, ordenó el allanamiento de las oficinas de la Consultora H&E, dentro de una investigación civil por rendición de cuentas de la Sociedad Civil Bergthall, dicha orden fue diligenciada por la agente Lourdes Soto, a expensas y sin el conocimiento del fiscal principal, Alejandrino Rodríguez, siendo abogado de los denunciantes el profesional, Adalberto Soto Narváez, primo de la agente fiscal.

Finalmente el abogado Víctor Portillo dijo que la fiscal Soto se extralimitó en el procedimiento al clausurar y lacrar el local, teniendo en cuenta que dicha acción no está estipulada en el mandamiento judicial.