Fidel Zavala denuncia 37 nuevas invasiones de propiedades privadas

  • El senador Fidel Zavala denunció que durante el último mes se dieron 37 nuevas invasiones en propiedades privadas en distintos puntos del país y lo calificó como una “práctica criminal”.

Fidel Zavala || Gentileza

A través de su cuenta de Twitter, mencionó que la invasión de inmuebles vulnera flagrantemente el derecho a la propiedad privada, que a su vez atenta nocivamente la certeza jurídica y daña la imagen del país.

También se pronunció sobre el proyecto que pretende despenalizar las invasiones y dijo que el mismo debe ser rechazado.

Necesitamos combatir el constante atropello al derecho ajeno que, con el apoyo e incentivo de políticos, genera zozobra y pone en riesgo el desarrollo del país, por lo que este proyecto debe ser rechazado”, comentó.

Zavala también señaló que la elección de la nueva mesa directiva de la Cámara de Senadores es a causa de “la fatal ignorancia, la mezquindad, los intereses propios y el menoscabo político”, que hicieron que opositores y oficialistas elijan a “una mesa que pone en riesgo la República”. Agregó que la reelección del oficialista Óscar Salomón es un “relato mentiroso que apunta a socavar las libertades, destruir la propiedad, atentar contra la familia y arruinar la economía”.

¿Qué dice el proyecto?
El cuestionado proyecto señala entre sus artículos que no se configurará hecho punible de invasión de inmueble ajeno cuando hayan transcurrido seis meses o más entre la fecha de inicio de la ocupación y su denuncia ante el Ministerio Público, en cuyo caso el denunciante podrá iniciar las acciones posesorias o reales que correspondan ante el fuero civil y comercial.

En su cuarto inciso establece que durante la sustanciación de dichas acciones no serán ordenadas restituciones de inmuebles ni medidas cautelares que recayesen sobre los mismos hasta tanto sea dictada resolución judicial sobre la precedencia del derecho invocado.

De acuerdo con la exposición de motivo. el proyecto tiene como objeto delimitar las actuaciones del Ministerio Público y del Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, en casos de ocupaciones de inmuebles, para garantizar la vigencia de las normas civiles y comerciales con las acciones que correspondan.

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