Facción de la FUO denuncia desacato tras elecciones de nuevas autoridades

  • La Justicia Electoral remitió al Ministerio Público un caso que investiga el posible desacato de una resolución que suspendía la convocatoria a elecciones en la Federación Universitaria Ovetense (FUO).
  • Aunque la Justicia Electoral validó la Asamblea Extraordinaria de la Federación Universitaria Ovetense (FUO) en la que se eligieron nuevas autoridades, el Tribunal Electoral remitió compulsas para investigar si se cometió desacato.
  • La fiscal Gloria Rojas Cañete adelantó que, de comprobarse el desacato, los responsables podrían enfrentar penas de seis meses a dos años o una multa.
La fiscal del caso, Gloria Rojas || Cortesía

Una facción de la Federación Universitaria Ovetense (FUO) presentó una denuncia por desacato ante el Ministerio Público, argumentando la violación de una disposición emitida por la Justicia Electoral, que suspendía temporalmente los procesos electorales dentro de la organización estudiantil. La denuncia surge a raíz de la convocatoria realizada la semana pasada por otra facción de la FUO a una Asamblea Extraordinaria, en la cual se eligieron nuevas autoridades.

Lo llamativo del caso es que, a pesar de que la Justicia Electoral había suspendido el proceso electoral mediante una resolución previa, la Asamblea fue validada por el mismo órgano electoral. Sin embargo, la Justicia Electoral envió la situación para ser investigada, a fin de determinar si hubo o no desacato en la convocatoria a la Asamblea y en la elección de las nuevas autoridades.

La denuncia penal, que ahora está en manos de la Unidad Fiscal de la agente Gloria Rojas Cañete, implica una investigación formal. La fiscal Rojas Cañete señaló en contacto con el programa Hablando Claro emitido por Radio Mundo Sol que “el Tribunal Electoral remitió las compulsas para investigar si existe o no desacato, ya que la resolución hablaba de suspender provisionalmente el proceso electoral y la Asamblea General que había sido convocada para el mes de agosto”.

Según explicó la fiscal, si se comprueba que hubo desacato a la resolución de la Justicia Electoral, se podría iniciar un proceso penal, cuya expectativa de pena sería de seis meses a dos años de cárcel o multa, dado que “se trata de un delito”. La denuncia es innominada y fue acompañada de cerca de 1.000 hojas de documentación enviada de oficio por la Justicia Electoral a la unidad fiscal.

El caso está en una etapa inicial de investigación, y las autoridades fiscales deberán determinar quiénes fueron los responsables de la convocatoria a la Asamblea y si se infringió la resolución emitida por la Justicia Electoral.

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