“Es muy grande el daño”, afirma Miguel Prieto al acompañar a testigo y reprocha actuar de Fiscalía

• Desde el Congreso Nacional también le increparon sobre su gestión, especialmente el senador cartista Basilio Núñez.
• El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acompaña a sus testigos en la causa que enfrenta por lesión de confianza en la distribución de kits de alimentos.

Miguel Prieto acompañó a su testigo Liza Ramona Alcaraz, quien fue nombrada por el propio fiscal Silvio Corbeta en la imputación.

La mujer desmiente al agente que afirmó que no residía en Ciudad del Este cuando se distribuyeron los kits de alimentos durante la pandemia.

Alcaraz aseguró que desde hace al menos una década fija domicilio en el mismo lugar, hecho que se puede corroborar con la matriculación de sus hijos en la escuela.

Ella comentó que recibió el kit y firmó la planilla correspondiente, pero además le habían fotografiado.

“A mi entender, la palabra y la declaración caen totalmente. Tenía que investigar mejor el fiscal Silvio Corbeta antes de hacer este tipo de declaraciones”, se quejó el jefe comunal.

En principio, a Prieto lo investigaron por sobrefacturación, pero finalmente años después fue imputado por un daño patrimonial en la distribución de kits por G. 1.769 millones.

El plazo para la acusación venció hace unos días, pero el agente pidió una prórroga de seis meses, pero para la defensa no hay argumentos válidos para este recurso.

“Es muy grande el daño a mi familia, noches sin dormir, problemas políticos que nos generan, económicos, trastornos que tenemos que venir hasta aquí, en Asunción. Ni siquiera nos permiten defendernos en Ciudad del Este”, lamentó el intendente sobre el proceso que enfrenta.

En la causa se presume que se habría utilizado la empresa Tía Chela SRL, “sin la capacidad financiera, técnica ni experiencia” para brindar los servicios contratados, “al efecto de justificar la erogación de los recursos del Municipio para simular la adquisición y provisión de kits”, según consta en la imputación.

Se debían repartir 25.000 kits de alimentos, pero los fiscales de esta causa presumen que las primeras 15.000 unidades no se entregaron.

Ante los persistentes pedidos de informe, Prieto entregó casi 160.000 documentos impresos sobre la administración de los recursos de la Municipalidad.