Empresa inmobiliaria desaloja a mujer en plena lluvia

  • Antonia Garcete Vda. de Samudio, fue desalojada de su vivienda en el barrio Cerrito, debido a un litigio con la empresa INCRESA.
  • La misma se topó con la presencia del oficial de justicia y otros abogados, quienes ingresaron en su domicilio, dada su ausencia en el lugar.

Antonia Garcete Vda. de Samudio (75), desalojada por deuda impaga con INCRESA. //OviedoPress

Antonia Garcete Vda. de Samudio (75), desalojada por deuda impaga con INCRESA. //OviedoPress

Bajo una pertinaz lluvia, alrededor de las 10:00 hs. de este lunes, se procedió al desalojo, sin acompañamiento policial, del inmueble asentado en la esquina del Parque Municipal el Cerrito, entrada oeste, perteneciente a Antonia Garcete Vda. de Samudio (75), la misma, vecinos e incluso los responsables del desahucio, afirman que no se encontraba dentro de la casa, al momento del cuestionado procedimiento, que se desarrolló entre el abucheo y el escrache de los vecinos de la mujer.

Ante la ausencia de la mujer afectada, tras el aviso dado por los vecinos, la misma llegó raudamente hasta el inmueble, ya que trabaja como ama de llaves en el domicilio de la familia Segovia, a cuatro cuadras del lugar, entre llantos y lamentaciones, se resignó a ver como sus pertenencias eran retiradas del interior de la casa y trasladadas en un motocarro, hasta “quién sabe dónde”, afirmó.

Conforme refirió el oficial de justicia, abogado Fermín Vergara Cabral, el mandamiento de allanamiento y desalojo fue firmado por el juez Luis Fernando Rivarola Ayala, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno de la ciudad de Coronel Oviedo, en un litigio impulsado por incumplimiento de pago ante Inmobiliaria Créditos S.A & Divisiones (INCRESA), entidad crediticia de ésta ciudad, y que fuera contraído por el extinto marido de la mujer.

La mujer afirma que ofreció una porción de su inmueble para saldar la deuda, pero que Incresa se negó a aceptar el ofrecimiento.

La mujer manifiesta que a raíz de una deuda de G. 12 millones, contraída con la empresa ovetense, cuyo remanente impago de G. 4.5 millones, es que procedieron a demandarla en 2007, hasta llegar a la materialización en la fecha, del desalojo, que considera injusto, el viernes 26 de agosto ya intentaron efectivizar el desalojo, con acompañamiento policial, el cual resultó infructuoso.

“Es muy inhumano lo que me están haciendo, mi terreno cuenta con dos lotes, incluso me ofrecí a cederle uno de ellos para cancelar la deuda, pero ellos no accedieron, ahora me dejan en la calle en plena lluvia, a mis 75 años, creo que la deuda se infló a más de G. 35 millones, pero mi casa vale mucho más que eso, por favor apelo a la ayuda de nuestras autoridades, en Paraguay no existe justicia”, lamentó entre llantos, Antonia Garcete Vda. de Samudio.

A su vez, el oficial de justicia Fermín Vergara afirmó, que el procedimiento se rige por lo estrictamente previsto en la ley, y que consistió en “nada más” dar cumplimiento a la orden judicial, brindando una explicación del porqué de la ausencia policial.

“No tuvimos noticia cierta de la policía, quienes se respaldan en una resolución del Ministerio del Interior, que prescribe que sin autorización previa de la comandancia no pueden proceder, pero su presencia es al solo efecto de resguardo y prevención pública, ante una eventualidad que pueda devenir contra el procedimiento, el procedimiento es legal, porque lo hicimos en horas hábiles y bajo expreso mandato judicial”, aseguró Vergara Cabral.

Fermín Vergara (botella en mano), Romel Aquino (sin capucha), en el fondo se observa a la mujer siendo asistida por un vecino. //OviedoPress

Fermín Vergara (botella en mano), Romel Aquino (sin capucha), en el fondo se observa a la mujer siendo asistida por un vecino. //OviedoPress

Del interior de la vivienda procedieron a quitar varias pertencias personales de la mujer, muebles, electrodomésticos, enseres personales e incluso una motocicleta, propiedad de su nieto, que según aseguraron los intervinientes fue lacrado e inventariado en un lugar seguro.

Por su parte, el abogado patrocinante de la demanda, Romel Aquino, sostuvo que el proceso se desprende a partir de una deuda impaga de más de 20 años de la mujer con Incresa, ésta empresa a su vez transfiere la deuda a otra, encargada del cobro compulsivo, quien ante el incumplimiento, remató el inmueble, siendo adquirida la vivienda por un cliente suyo, cuya identidad no quiso precisar.

“El accionante es un tercero, quien adquirió la casa, ante la negativa de salir por parte de la señora, nos vimos obligados a desalojar, la misma incumplió con sus obligaciones, e imagínense 20 años de falta de pago a una tasa moratoria de 5% mensual, asciende a mucho, es lo que la ley establece, muy a pesar nuestro incluso”, señaló Aquino.

Relata además, que este tercero accionante triunfó en dos instancias, por lo que la mujer dejó de detentar la titularidad del inmueble, por expreso mandato de una sentencia judicial definitiva; “no hubo acompañamiento (policial), debido a la no existencia de violencia, al desalojo le acompaña una orden de allanamiento, si no se le encuentra se ingresa a la fuerza, es lo que establece la ley”, finalizó el letrado.

Antonia Garcete Vda. de Samudio, refiere que ante la situación en la que se encuentra no sabe qué paradero tomar, debido a que cuenta con un hijo que reside fuera de la ciudad y dos nietos, quienes tampoco viven cerca, visiblemente afectada por el hecho, cayó en un cuadro de hipertensión y descompensación, ante la mirada de vecinos e intervinientes.

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