El Tratado de Yacyretá cumple 51 Años, con inquietantes tropiezos

• La deuda de la entidad binacional y la tarifa eléctrica siguen siendo puntos de fricción entre nuestro país y Argentina, con diferencias sobre el monto adeudado y la compensación por el excedente de energía generado en Yacyretá.
• En nuestro país, la Ley N.º 6135, que aprobó la revisión del Anexo C, sigue vigente, a pesar de las críticas y de los intentos de derogarla. La defensa de esta ley por parte del sector colorado evitó su modificación.
• El actual gobierno de Santiago Peña explora alternativas para evitar la quiebra económica e institucional de la entidad binacional Yacyretá, mientras enfrenta un complejo panorama político y financiero con Argentina.

Este 27 de marzo, se conmemoran 51 años de la firma del Tratado de Yacyretá, un acuerdo binacional entre nuestro país y Argentina que establece la construcción y operación de la central hidroeléctrica de Yacyretá, sobre el río Paraná, en la frontera entre ambos países. El tratado, que entró en vigor en 1974, fue fuente de controversias y desafíos durante más de medio siglo, especialmente en lo que respecta a su revisión financiera, prevista en el Anexo C.

El Tratado de Yacyretá fue firmado el 3 de diciembre de 1973 en Asunción por los ministros de Relaciones Exteriores de nuestro país y Argentina, Raúl Sapena Pastor y Alberto Juan Vignes, respectivamente. Un año después, el 27 de marzo de 1974, los mismos funcionarios intercambiaron los instrumentos de ratificación en Buenos Aires, formalizando la entrada en vigor del acuerdo.

Uno de los puntos más conflictivos del Tratado es el Anexo C, que establece las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la hidroeléctrica. Este Anexo preveía que sus disposiciones debían ser revisadas 40 años después de su entrada en vigor, es decir, en marzo de 2014. Sin embargo, a pesar de que la fecha pasó hace más de una década, la revisión aún no se ha materializado de manera definitiva.

Los intentos por cumplir con esta revisión fueron diversos, pero los avances fueron limitados y frustrantes. El acuerdo más significativo ocurrió el 4 de mayo de 2017, cuando los presidentes de nuestro país, Horacio Cartes, y de Argentina, Mauricio Macri, firmaron un Acta de Entendimiento en la central hidroeléctrica de Yacyretá. Este documento sentó las bases para la revisión, pero la situación continuó estancada.

En ese marco, el 28 de septiembre de 2017, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Eladio Loizaga y Jorge Marcelo Faurie, firmaron la Nota Reversal N.R. N.º 2/17, que reconoció una deuda menor de la entidad binacional con el Tesoro argentino (US$ 4.084 millones en lugar de los US$ 18.000 millones inicialmente reclamados por Argentina. No obstante, la falta de acuerdo sobre la tarifa eléctrica y la financiación de proyectos como la central hidroeléctrica de Aña Cuá siguió siendo un punto de fricción. Además, este acuerdo no tuvo el respaldo del Congreso argentino, lo que dejó el asunto en un limbo.

En nuestro país, el proceso de revisión del Anexo C fue aprobado por una alianza política entre el cartismo y el abdistismo, y la Ley N.º 6135 fue sancionada y promulgada. A pesar de las críticas y algunos intentos de derogarla, la ley sigue vigente, principalmente debido a la defensa que los sectores colorados hicieron de la misma.

Sin embargo, la falta de una resolución concreta en términos financieros y de tarifas sigue siendo un obstáculo para la normalización de la relación entre ambos países en cuanto a la operación de la hidroeléctrica. Hoy, 51 años después de la firma del tratado, el gobierno de Santiago Peña enfrenta la difícil tarea de explorar soluciones alternativas ante la creciente preocupación por la posible quiebra económica e institucional de la entidad binacional.