El PLRA impulsa juicio político contra contralor Camilo Benítez y evalúan no legitimar intervención

• El PLRA impulsa un juicio político contra el contralor Camilo Benítez, acusándolo de mal desempeño y complicidad con el cartismo en el proceso contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.
• Con apenas 30 votos asegurados, la oposición reconoce que el juicio político es testimonial, pero busca visibilizar lo que consideran un uso político de las instituciones.
• La oposición denuncia un “abuso de poder” del cartismo y plantea resistir lo que consideran una persecución política a través de comisiones legislativas controladas por el oficialismo.

El ambiente político en la Cámara de Diputados se caldea tras la decisión del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de promover un juicio político contra el contralor general de la República, Camilo Benítez, a quien acusan de mal desempeño de funciones y de someterse a intereses del sector cartista.

La medida fue adoptada por el directorio del PLRA en la noche del miércoles, como forma de respaldo político al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), actualmente imputado y en la mira de un proceso de intervención promovido por sectores oficialistas.

El líder de la bancada liberal PL, Federico “Fredy” Franco, informó que ya comenzaron las conversaciones con otros sectores opositores para la eventual redacción del libelo acusatorio. No obstante, reconocen que alcanzar los votos necesarios será difícil: incluso con la unión de las tres bancadas liberales y aliados del llamado “tercer espacio”, apenas sumarían 30 votos, muy por debajo de los 53 requeridos por la Constitución para aprobar la acusación en la Cámara Baja.

Aprovechando la convocatoria a una sesión extraordinaria para este jueves a las 09:30 —originalmente prevista para tratar el veto presidencial al proyecto de pensiones para personas con discapacidad—, los legisladores opositores planean reunirse para definir los pasos a seguir.

En paralelo, el diputado liberal Adrián “Billy” Vaesken planteó una estrategia alternativa: no integrar la comisión especial que debe estudiar la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, para evitar legitimar un proceso que considera viciado.

“Hay un claro abuso de poder, y eso es lo que vamos a combatir desde la oposición”, afirmó Vaesken, agregando que el apuro del cartismo en el proceso “preocupa y llama la atención”. La postura recuerda una medida similar adoptada por la oposición al no participar en la Comisión “Antilavado”, rebautizada como “Garrote”, por su presunto uso para perseguir a críticos del cartismo.

El proceso de intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este continúa su curso, y el próximo paso será la definición de las comisiones especiales que dictaminarán cada caso. Sin embargo, la falta de consenso y las tensiones políticas podrían entorpecer su avance.