El ministerio de Justicia viola leyes y tratados al exigir test de VIH para contratar guardiacárceles
- El Ministerio de Justicia, a cargo actualmente del polémico Ángel Ramón Barchini, es una de las instituciones que están en el ojo de la tormenta desde el inicio del gobierno de Santiago Peña.
- Según la convocatoria ad referéndum que figura en el sistema Sicca, de la Secretaría de la Función Pública.
La Red de ONG que trabaja en VIH/Sida Paraguay denunció que el Ministerio de Justicia exige test de VIH a postulantes para agentes penitenciarios, hecho que viola leyes nacionales y tratados internacionales.
Los requisitos del Ministerio de Justicia para cubrir 752 puestos para agentes penitenciarios y educadores contemplan la presentación obligatoria de los resultados del test de VIH. Las postulaciones abrieron el martes y se extienden hasta el 19 de diciembre.
La Red de ONG que trabaja en VIH/Sida Paraguay denunció este hecho en la Secretaría Anticorrupción, teniendo en cuenta que es la encargada de investigar cualquier tipo de irregularidad en el ámbito de las instituciones que dependen de la Presidencia de la República.
El coordinador legal de esta articulación, Francisco Benítez Añazco, explicó a Última Hora que vivir con el virus no resta aptitudes para desempeñarse en ningún ámbito de la vida laboral y que no existen justificativos para que el Ministerio de Justicia exija el estado serológico de las personas que deseen concursar.
“La no presentación de esta información descalifica al/la postulante”, incluso advierte la institución en su convocatoria.
Violación de tratados y leyes
Esta medida sobre todo viola normativas vigentes. El Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo establece por ejemplo que cualquier acto de discriminación es una violación de derechos humanos y se encuadra en el caso mencionado, ya que la divulgación de los resultados expone a las personas a situaciones de discriminación.
A nivel nacional se cuenta con la Ley N° 3940 que establece derechos, obligaciones y medidas preventivas sobre el VIH, donde habla de la prohibición de divulgación de los resultados del test, mientras que la N° 5777 de protección integral a las mujeres contempla como violencia laboral la exigencia de este examen médico.
Lo mismo indica la Resolución N° 730 del 2009, del Ministerio del Trabajo.
Benítez mencionó que es habitual recibir denuncias de este tipo en el ámbito privado, no así en el sector público, donde el Estado debe garantizar los derechos de la población, pero en este caso “el mismo Estado está exponiendo a sufrir situaciones de discriminación”.
La Red de ONG que trabaja en VIH/Sida Paraguay ampliará su denuncia este miércoles ante Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y ante el Ministerio de Trabajo.
