El ministerio de Justicia justifica traslado de Ozorio sin autorización judicial

• El Ministerio de Justicia justificó el traslado del ex diputado Juan Carlos Ozorio a otro penal, sin autorización judicial y alegando “medidas de seguridad”.
• Por último, asegura que en la misma resolución 1190, con la que se dispuso el traslado, se comunica en forma inmediata el acto administrativo para el conocimiento del Juzgado a cargo del caso.

El Ministerio de Justicia dispuso, mediante la resolución 1190/2023, el traslado del ex diputado Juan Carlos Ozorio de la Penitenciaría Regional Juan Antonio de la Vega a la Penitenciaría Regional de Emboscada “Antigua”, alegando que fue para salvaguardar la integridad del político.

En ese sentido, indicaron desde la cartera de Estado que la medida fue adoptada en virtud de un pedido de fecha 12 de diciembre de 2023, proveniente de la Penitenciaría Padre Juan Antonio de la Vega, donde estaba recluido Ozorio.

“El traslado se realizó por motivo de estrictas medidas de seguridad, para salvaguardar la integridad física de Ozorio”, señalaron.

La jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado del tercer turno, Rosarito Soledad Montanía, se mostró sorprendida por el traslado durante la audiencia preliminar realizada este jueves, en el marco del operativo A UltranzaPy, por lo que intimó al Ministerio de Justicia para que justifique el procedimiento, sin orden judicial.

El oficio fue respondido por el director general de Establecimientos Penitenciarios, coronel Rubén Peña, quien sostiene que se dio en el contexto de las medidas de seguridad “por la sensibilidad de las fechas festivas de fin de año y habida cuenta de otras informaciones sensibles que se encuentran bajo investigación, y para evitar cualquier intento de fuga, motín o acciones que pudieran poner en riesgo la seguridad del cumplimiento del mandato judicial a su cargo”.

Asimismo, explica que se tomó la determinación tras haber analizado la situación particular y específica del ex diputado y de la seguridad perimetral de la Penitenciaria Regional de Emboscada Padre Juan de la Vega, cuya construcción no cuenta con muros perimetrales y solo cuenta con un vallado perimetral, el cual es permeable a situaciones de violencia, tanto interna como externa.

También señala que estas disposiciones son adoptadas como política del Ministerio de Justicia con el fin de fortalecer las medidas que conlleven el cumplimiento irrestricto de los mandatos judiciales, principalmente en relación a los reclusos de alta peligrosidad y/o alto perfil, “como el caso que nos ocupa”.

La jueza Rosarito Montanía se mostró sorprendida este jueves durante la audiencia preliminar por el operativo A UltranzaPy, cuando el propio legislador le confirmó el cambio de penitenciaría.

Agentes del Ministerio Público imputaron al ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal, tras haber sido salpicado como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico.

El ex legislador había renunciado a su banca en la Cámara Baja, luego de ser imputado por los fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico Deny Pak, Fabiola Molas, Ysaac Ferreira, Osmar Segovia y Lorena Ledesma.

Ozorio se encuentra investigado en el marco del Operativo A UltranzaPy por sus vínculos comerciales con los esquemas liderados por los hermanos Miguel Insfrán, alias Tío Rico, y el pastor José Insfrán.

El ex parlamentario era presidente de la Cooperativa San Cristóbal, donde permitía presuntamente poner en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas del clan Insfrán, como también a políticos cercanos a su entorno, como Basilio Bachi Núñez. El ex parlamentario tuvo que renunciar al cargo de presidente de la cooperativa.

Asimismo, también está procesado por presuntamente haber gestionado la matrícula de un helicóptero que fue adquirido para las actividades ilícitas de la organización criminal, que fue realizado en el despacho del también imputado Luis Estigarribia.

El piloto de la aeronave era Gilberto Sandoval, el joven de 29 años propietario del edificio Guadalupe, ubicado en Luque, que había sido allanado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El inmueble presuntamente era utilizado también para hospedar a otros pilotos del esquema criminal.

“Por tanto, se sostiene que el ex diputado tendría vínculos con la organización criminal para el tráfico de drogas, en materia de gestión de documentos, medios logísticos y colaborando para la circulación de activos provenientes del tráfico de drogas, entre otros hechos investigados”, expresaban desde la Fiscalía.

En el marco del operativo A Ultranza, se encuentran acusadas son Alberto Koube, Conrado Insfrán (hermano del líder principal Miguel Insfrán), el ex diputado Juan Carlos Ozorio, Luis Sebriano, Alexis González, Tadeo González, Irma Vergara, Fátima Koube, Job Von Zastrow, Diego Cubas, José Gamarra, Liz Taboada, Patricia Rodríguez y Reina Mercedes Duarte.

Se realizaron más de 120 allanamientos y constituciones durante el operativo, 50 imputaciones y se llegó a cerca de USD 150 millones en cuanto al golpe económico a la estructura criminal. También está imputado el actual senador Erico Galeano, quien cuenta con prisión domiciliaria en la causa.

Los principales líderes de la estructura son el prófugo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, quien fue detenido en Brasil y se encuentra recluido ya en Paraguay.