El fiscal Aldo Cantero desacató orden de la jueza al extraer datos en el caso de Mario Abdo

  • Toda esta supuesta información obtenida fue usada luego para imputar por supuesta filtración de datos confidenciales que señalaban al ex presidente Horacio Cartes.
  • Incluso, criticó que el pedido de Cantero fue tratado por la jueza como un anticipo jurisdiccional de prueba.

Para abogados de los imputados, estas diligencias son nulas “en términos absolutos”, ya que hicieron a espaldas y bajo estrategia. Piden a jueza que revea posición de admitir otras diligencias.

El fiscal Aldo Cantero –quien imputó al ex presidente Mario Abdo Benítez y a ex ministros y funcionarios de Seprelad– hizo caso omiso a la orden de una jueza de convocar a los abogados de los investigados para extraer datos de sus correos.

Fue el 24 de enero pasado, que tras un pedido fiscal, la jueza Clara Ruiz Díaz autorizó extraer datos del servidor informático de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), específicamente, de correos de varios ex funcionarios de la institución.

Se hizo la extracción de correos y archivos Word, Excel y PDF de Carlos Arregui (ex ministro), Carmen Pereira (ex viceministra), Guillermo Preda, Francisco Pereira, Daniel Farías, Derlis Ruiz, Christian Villanueva, Rocío Peña e Inés Yambay, en la causa que en ese momento aparecía como innominada.

La jueza autorizó en plena feria judicial que se haga la pericia y ordenó varios puntos: que se designe un perito informático del Ministerio Público, que se notifique esto a la Fiscalía, al perito y también hizo alusión a que el abogado de los investigados debía ser notificado.

Asimismo, ordenó que se le intime “al abogado defensor a que ofrezca un perito”, para que también presencie la diligencia.

El fiscal Aldo Cantero, sin embargo, incumplió la orden de la jueza.

A ESPALDAS. El 28 de febrero de este año, llegó una comitiva a la sede de la Seprelad, con el agente a la cabeza, acompañado por la perita María Fleitas. Al día siguiente, el fiscal remitió a la directora del Laboratorio Forense un disco duro externo, lacrado con las firmas de la perita y de él.

Después, ya todo el análisis quedó en manos de la Fiscalía, a puertas cerradas.

La solicitud (de extraer los datos) fue presentada ante la oficina de Atención Permanente del Poder Judicial, en una suerte de urgencia que no permitía demora alguna, cambiando la nomenclatura para despistar y sumir a esta defensa en una absoluta exclusión para controlar”, manifestó el abogado Enrique Kronawetter, quien representa a uno de los ex funcionarios de Seprelad, hoy imputado.

Como no se cumplió con la orden de la jueza, considera que las diligencias que hizo el fiscal “son actos nulos en términos absolutos”.

RECURSO. El día que Cantero y Giovanni Grisetti imputaron por revelación de secretos a Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández y a funcionarios de Seprelad, también solicitaron una prórroga para entregar el informe pericial.

Sin embargo, la jueza de la causa, Cynthia Lovera, termina rechazando el pedido por improcedente, pero tuvo por recibida las demás actuaciones previas que se hicieron.

Kronawetter planteó entonces un recurso de reposición, para que la jueza revea su posición de haber admitido las diligencias, ya que alegó que esos no se encuentran en el expediente electrónico, y que estas se hicieron “a espaldas” de los imputados.

Cambio de carátula: “Estrategia” Otro punto cuestionado por la defensa de los imputados es que inicialmente, luego de que el ex presidente Horacio Cartes haya presentado la denuncia, la causa estaba caratulada como “Arnaldo Giuzzio y otros sobre denuncia falsa y otros”. Según abogados, para evitar que los denunciados tengan participación, a pedido del fiscal Aldo Cantero, se cambió enseguida la carátula a personas innominadas sobre denuncia falsa y otros, dando a entender que no había una persona determinada siendo investigada. Varias autoridades intentaron interiorizarse de qué se trataba el caso y pidieron acceder a la carpeta fiscal y no pudieron. Recién cuando salió la imputación, cambiaron nuevamente la carátula. La abogada Cecilia Pérez había dicho que “se diseñó para poder trabajar y manipular sin molestias y a escondidas”.

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