El festín del acomodo en la Justicia Electoral
La Justicia Electoral en Coronel Oviedo enfrenta un problema grave de sobrecarga de funcionarios, donde 101 personas entre contratados y nombrados han sido ubicadas gracias a padrinos políticos, sin pasar por concursos de méritos.
Por Cristian Bianciotto
En Coronel Oviedo, la Justicia Electoral tiene un problema que va más allá de las elecciones. No es la falta de infraestructura ni la sobrecarga de trabajo, sino la sobrecarga de funcionarios. 101 personas entre contratados y nombrados, un número que, en teoría, debería garantizar eficiencia, pero que en la práctica solo evidencia el descontrol y el uso indiscriminado de los recursos públicos para el acomodo de operadores políticos.
No hay oficinas suficientes, no hay espacio físico, pero sí hay lugar para novias, esposas, exesposas, amantes y amigos de los que tienen poder. La mayoría de estos funcionarios jamás pasó por un concurso de méritos, porque no se necesita capacidad, solo un padrino político que haga la llamada correcta.
La semana pasada se destapó el caso de las hermanas Gómez, una en el PLRA, pareja de Yamil Buzarquis, y la otra afiliada a la ANR. Jugaron a doble punta y ambas consiguieron su lugar en la nómina. Pero lo más grave no es cómo llegaron ahí, sino que no cumplen funciones y, cuando se les reclama, su actitud es desafiante, como si tuvieran inmunidad laboral.
El problema no es de un solo partido. El viernes pasado, al menos cinco funcionarios de la Justicia Electoral fueron vistos en pleno horario laboral en la casa del senador Beto Ovelar. ¿Qué hacían ahí? ¿Cumpliendo con sus funciones o simplemente asegurando su lealtad política para seguir cobrando sin trabajar?
Casos como el de Cinthia Centurión, que cada vez que se le reclama trabajo responde con berrinches, son solo una muestra de lo que realmente pasa. Aquí no se trata de servidores públicos comprometidos, sino de una estructura que sostiene a una casta de planilleros, protegidos por quienes los pusieron ahí.
Y mientras tanto, el Estado sigue gastando en salarios injustificados, en gente que no produce, en favores políticos que pagamos todos con nuestros impuestos. El abuso es evidente, la impunidad es descarada y la indignación debería ser colectiva. Porque mientras algunos se benefician de este festín de acomodos, la ciudadanía sigue esperando que los recursos públicos sean utilizados con responsabilidad y transparencia.
