El cartismo debe tratar este martes el veto a la pensión para personas con discapacidad

• La Cámara Baja debe tratar este martes el veto presidencial al proyecto de pensión para personas con discapacidad. Si no lo hace, el rechazo será automático el 25 de mayo, por aceptación ficta.
• El oficialismo enfrenta duras críticas, incluso internas, por intentar archivar una iniciativa considerada clave para sectores vulnerables. La presión social y política crece a horas de la votación.
• El veto se suma a otras decisiones del cartismo, como archivar fondos para el Instituto Nacional del Cáncer y rechazar un aumento al impuesto al tabaco como fuente alternativa de financiamiento.

La Cámara de Diputados se ve obligada a tratar este martes, en sesión ordinaria, el veto del presidente Santiago Peña al proyecto de ley que establece una pensión mensual para personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. De no hacerlo, el veto tendrá aceptación ficta el 25 de mayo, lo que significaría el rechazo automático de la iniciativa.

El proyecto de ley N.º 7453/2025 propone el otorgamiento de una pensión mensual equivalente al 25% del salario mínimo vigente (G. 699.577) a personas con discapacidad, siempre que cuenten con la certificación de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

Aunque el oficialismo cartista ya tenía decidido archivar la iniciativa, las fuertes críticas recibidas desde diversos sectores —incluyendo voces disidentes dentro de la ANR— forzaron la postergación del tratamiento por una semana. La presión se intensifica a medida que se acerca la fecha límite.

La diputada cartista Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, defendió el veto en la sesión pasada alegando el alto costo fiscal de la medida. Según estimaciones del Ejecutivo, su implementación requeriría una ampliación presupuestaria de alrededor de US$ 160 millones anuales. No obstante, legisladores críticos sostienen que los datos fueron manipulados para influir en la decisión presidencial.

“El cálculo real, basado en datos oficiales, ronda los US$ 8,5 millones al año para cubrir a 100.000 personas”, señaló el diputado Hugo Meza, quien calificó de “mentirosos” y “pecho frío” a los asesores del presidente Peña por, según dijo, haberlo engañado con cifras infladas.

El también colorado Roberto González recordó que para otros gastos considerados superfluos o de lujo, el Estado no escatima recursos, pero se niega a atender derechos fundamentales, como la protección de las personas con discapacidad, consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

El rechazo a este tipo de políticas no es nuevo en filas cartistas. Recientemente, también se archivó en el Senado un proyecto que buscaba redireccionar G. 304.000 millones de gastos innecesarios para cubrir el déficit de medicamentos e insumos en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). Asimismo, se desestimó la posibilidad de aumentar el impuesto al tabaco como fuente alternativa de financiamien