Derlis Rodríguez propone prever castigo para funcionarios cómplices del contrabando

• El parlamentario del departamento Caaguazú, dijo que se deberá introducir, en el Código Aduanero, penalizaciones contra funcionarios que permiten el contrabando.
• La economía de los trabajadores del campo se ve en graves problemas porque productos fruti hortícolas de países vecinos inundan el mercado.
• Rodríguez afirma que mientras haya impunidad no se podrá eliminar el flagelo del contrabando.

Más de 2.500 familias del departamento Caaguazú, que dependen de la venta de sus productos fruti hortícolas, están sufriendo las graves consecuencias del contrabando que ingresan de los países vecinos, Argentina y Brasil, por lo que el bajo precio y la poca demanda no les permiten siquiera recuperar la inversión hecha para la siembra y cosecha.

Los productores reclaman acciones de las instituciones como el Ministerio de Agricultura, la Secretaría Anticontrabando, Aduana, Policía Nacional y la Senave. Sin embargo, cada año es recurrente el problema y la producción en el campo se vuelve insostenible.

“Mientras haya impunidad no se podrá eliminar este flagelo”, dijo el diputado ovetense, Derlis Rodríguez, al hacer referencia a la falta de penalización a los funcionarios de las instituciones mencionadas que deben estar para custodias las fronteras del país y combatir el traslado y comercialización de los productos que ingresan de contrabando.

Admitió que existe un esquema corrompido que permite el ingreso de los productos, que los mismos son trasladados y comercializados sin ningún inconveniente y muchas veces con la vista gorda de los funcionarios que deben estar vigilando que esto no suceda.

“Existen varios eslabones y en todos están quienes son funcionales al delito del contrabando, lo hacen porque no está previsto ningún castigo para ellos”, dijo, Derlis Rodríguez.

Mencionó que el pasado fin de semana mantuvo una reunión, junto con el gobernador electo, Marcelo Soto, el diputado, Edgar Olmedo y comités de productores para establecer un compromiso de ser una voz de reclamo ante las autoridades que deben velar por la protección de los trabajadores del campo.

“Va a ser necesario introducir modificaciones en el Código Penal y en el Código Aduanero para establecer los castigos y penalizaciones para los funcionarios”, dijo de manera categórica. Agregó que, al no existir castigo, no hay consecuencias de los actos de corrupción por lo que impera la impunidad en detrimento a la economía de los productores.

Dijo que ahora se insistirá que la Secretaría Anticontrabando active los mecanismos que permitan aumentar la demanda de los productos nacionales para que los productores puedan colocar sus productos a buen precio.

Catalino Parra, representantes de la Asociación de Productores de Coronel Oviedo, afirmó a OviedoPress que el precio básico de venta del tomate debe ser, al menos, G. 5.000 por cada kilo. “Nosotros no logramos vender a G. 2.000 lo que nos genera una tremenda pérdida sin siquiera recuperar la inversión en la siembra y cosecha”, afirmó.

Derlis Rodríguez dijo que, trabajará en el proyecto de modificación de las Leyes para establecer castigos y exigir su cumplimiento para los funcionarios que con conductas corruptas perjudican la economía de los productores, quienes generan un gran dinamismo en el mercado del consumo.