Denuncian deficiente labor de fiscal antisecuestro Joel Cazal

  • A diez meses de la detención de Genaro Meza, dirigente campesino, sindicado como supuesto ala logística del EPP, el Ministerio Público no ha logrado reunir elementos convincentes para acusar.
  • Organizaciones campesinas, sindicatos docentes, movimientos sociales, y familiares del hombre que guarda reclusión en la Penitenciaría de Coronel Oviedo, se manifestaron este jueves.
  • Exigen la liberación del sindicado, dada la ausencia de elementos que sustenten las graves acusaciones, o cuánto menos sea beneficiado con sobreseimiento provisional, considerando su avanzada edad y estado de salud.

Gasparina Meza, hija del sexagenario hombre encarcelado, en compañía de los nietos de éste. exigen la liberación del dirigente campesino. //OviedoPress

Desde el 19 de octubre de 2017, Genaro Meza (65), dirigente campesino, oriundo de la localidad de Tava Jopói, del distrito de Curuguaty, Departamento Canindeyú, guarda reclusión en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo.

El mismo, fue detenido en su domicilio por agentes de antisecuestro de la Policía Nacional, a las órdenes del agente fiscal Joel Cazal, bajo sospechas de ser supuesto integrante, ala logística del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), sirviendo como cocinero y cuidador de secuestrados.

Este jueves, hasta sede de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, un contingente de al menos 200 personas, cumplió con una jornada de manifestación, desarrollada entre representaciones artísticas y alocuciones de dirigentes sociales, con el lema “Genaro Meza inocente, la Fiscalía miente”.

La manifestación fue promovida por integrantes de la Federación Nacional Campesina (FNC), el Partido Paraguay Pyahura (PPP), la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP), integrantes de organizaciones sociales, sindicales, y familiares del detenido, llegados desde localidades de los departamentos de Caaguazú, San Pedro y Canindeyú.

Deficiente labor fiscal
Meza fue detenido en su domicilio y directamente trasladado hasta la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, donde actualmente permanece recluido, a la espera del desenlace de la causa, el cual se encuentra aún en etapa de investigación, tras 10 meses de labor, bajo coordinación del fiscal Joel Cazal.

Denuncian las supuestas arbitrariedades cometidas contra Genaro Meza, al momento de su detención, como también en el marco del proceso de investigación, ubicándolo como un supuesto “blanco distractor”, a los efectos satisfacer las exigencias de resultados por parte de las autoridades policiales y el anterior gobierno, de Horacio Cartes.

Genaro Meza, según la Fiscalía, fue supuesto cuidador y cocinero del secuestrado del EPP, Franz Hiebert, afirmaciones desvirtuadas por las organizaciones campesinas y familiares del procesado, quien a sus 65 años, sufre de problemas de la columna, recluido en la cárcel de Coronel Oviedo.

Eladio Flecha, secretario general del Partido Paraguay Pyahurä (PPP), afirma que, durante el secuestro de Hiebert, Meza se encontraba activo como dirigente campesino, en varias movilizaciones y actividades desarrolladas, en el interior e incluso capital del país.

Es más, afirma que han arrimado elementos de prueba de que incluso participó de eventos internacionales y superó un tratamiento médico que lo mantuvo internado, por un mes, entre 2016 y 2017, elementos arrimados al agente fiscal, quien no las ha considerado, a fin de solicitar su sobreseimiento en la causa.

Por su parte, Gasparina Meza, hija del detenido, aseguró que la Policía y el Ministerio Público los vincula, por supuestamente ser familiares de Magna María Meza, líder el Ejército del Pueblo Paraguayo, de quien la mujer negó rotundamente cualquier tipo de relacionamiento o parentesco.

El procesado, cuenta con la asistencia de la defensoría pública, dada sus limitaciones económicas, la causa es tramitada en Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro, a varios cientos de kilómetros de Curuguaty, Marina Arias, es la defensora que lleva la causa.

Actualmente, el caso se encuentra en la etapa intermedia, de elevación a juicio o desestimación, ésta segunda opción es la que exigen los manifestantes, debido a que en diez meses, Cazal no ha avanzado ni hallado supuestos elementos de convicción, por lo que aseguran que corresponde el pedido de sobreseimiento provisional, cuánto menos.

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