Denuncian a jueza por supuesta obstrucción de juicio por prestación de alimentos
- El caso involucra a un hombre, padre de una menor de 15 años, que adeuda cerca de 10 años por el pago de la pensión de alimentos, la causa se halla paralizada en la etapa previa a elevación a juicio oral.
- El denunciado, es hermano de una jueza del tribunal de apelaciones de Coronel Oviedo, éste estaría aprovechándose de esta situación, por lo que hace 18 meses se aguarda la audiencia preliminar.
Una joven madre, de Coronel Oviedo, denunció ante nuestro medio, las supuestas irregularidades del cual es víctima un proceso penal que se tramita en los tribunales del Poder Judicial local, paralizado, desde hace unos 18 meses, en el que se halla imputado su ex pareja, hermano de una magistrada.
La causa en cuestión se origina desde el momento en que O.R.F., padre de una menor de 15 años, ha incumplido con la sentencia por el pago de la pensión de alimentos, dictada hace unos diez años y que condenaba al hombre a abonar la suma mensual de G. 150 mil, que cumplió por un breve lapso de tiempo, para luego dejar de hacerlo.
Ante esta circunstancia, la madre de la niña, se vio obligada a iniciar una acción penal por incumplimiento de pago de la pensión de alimentos, el Ministerio Público, a través de la agente Viviana Duarte Bojanovich, imputó al padre ante el juzgado penal de garantías del magistrado Carlos Raúl Zelaya Mendoza.
Aquí es donde la causa se halla paralizada, a la espera de la sustanciación de la audiencia preliminar de elevación a juicio oral y público, que según refiere la denunciante, se hallan dadas las condiciones para acusar al imputado, cuya deuda ya ronda los G. 15 millones, actualmente.
“El señor O.R.F. se aprovecha de la circunstancia que le favorece, por ser hermano de la jueza G.R.F., donde supuestamente la señora mete mano y con sus influencias tiene paralizada nuestra causa, sin importar que mi hija sufra necesidades, su papá mismo anda diciendo que su hermana la jueza es quien ataja todo”, denunció la madre.
La normativa penal nacional vigente establece sanciones al incumplimiento del pago de la pensión de alimentos, cuya expectativa máxima es de cinco años de prisión.
