Denuncian 20 años de incumplimiento de sentencia judicial de indemnización

  • Leonardo López y Aida Alice Estigarribia denuncian que desde 1996 no es cumplida una sentencia de indemnización por despido injustificado.
  • Afirman que sus ex empleadores, a través de abogados e influencias políticas en el Poder Judicial han planteado todo tipo de chicanas.

Fachada del Poder Judicial de Coronel Oviedo. //ArchivoOviedoPress

Fachada del Poder Judicial de Coronel Oviedo. //ArchivoOviedoPress

Los denunciantes, Leonardo López (52) y Aida Alice Estigarribia (73), fueron despedidos en 1996 de la “Parrillada Palermo” de Coronel Oviedo, propiedad de Ramón Blaires y Ada Cardozo de Blaires, donde se desempeñaron como empleados por espacio de 10 años y 14 años, respectivamente, afirman.

Los afectados promovieron un juicio en el fuero laboral bajo el rótulo de «Nulidad de despido, reintegro al trabajo y cobro de guaraníes en diversos conceptos”, el cual fue tramitado ante el juzgado del magistrado Luis Fernando Rivarola Ayala, según datos proporcionados a nuestro medio, por los denunciantes.

El proceso judicial tuvo varias dilaciones a lo largo del mismo, denuncian, debido a que los denunciados aparentemente recurrieron a todo tipo de chicanas a través de su abogado defensor, Oscar Escobar Toledo, actual magistrado de Cordillera y Decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNCA, logrando tras dos años de litigio una sentencia definitiva favorable, fechada el 16 de abril de 1998, con el juez Rivarola Ayala.

La resolución firmada por Rivarola, ordena la reincorporación inmediata de los demandantes a sus puestos laborales, en el lapso de 48 horas, e igualmente impone una indemnización económica por los años prestados previamente, afirmando los demandantes que ambas disposiciones judiciales fueron incumplidas por la parte demandada, debido a apelaciones posteriores y supuestas maniobras oscuras.

Es así que el mismo abogado de los demandados, Oscar Escobar Toledo, ha recurrido la resolución de primera instancia en varias ocasiones, generando la consecuente extensión de los plazos sin que los vencedores de primera instancia sean reintegrados a sus lugares de trabajo y sin que tampoco efectivicen su indemnización económica, cerca de G. 14 millones.

Lo más lamentable afirman, escrito mediante, que el mismo juez Rivarola Ayala, en fecha 29 de julio de 2013 ordena dejar sin efecto la reincorporación de los demandantes a sus puestos laborales, violentando llamativamente lo resuelto unos 15 años atrás e incluso transgrediendo la autoridad de cosa juzgada que dicho fallo tomó, tras más de diez años de su entrada en vigencia.

Posteriormente al fallo revertido de reintegro laboral plantearon acciones ante la cámara de apelaciones integrada por los miembros Juan Oviedo, Víctor Vera Vallou y Miguel A. Rojas (ahora ex magistrado), quienes en fecha 07 de julio de 2015 confirman la resolución de primera instancia, incluida la orden de no reintegro laboral.

Igualmente, los denunciantes sostienen que recurrieron las resoluciones ante la misma Corte Suprema de Justicia, instancia ante la que la acción de inconstitucionalidad planteada no prosperó, razón por la cual dieron por cerrado el proceso judicial.

El calvario de estas dos personas, Leonardo López y Aida Alice Estigarribia no termina, debido a que resignados ante la conclusión del proceso judicial y vista la imposibilidad de reintegrarse a sus labores, en agosto de 2016 solicitaron les sea entregado el monto depositado en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF) tras la resolución de primera instancia, unos G. 14 millones aproximadamente.

El pedido de efectivizarían del monto económico les fue negado, debido a una cadena de inhibiciones de los magistrados capaces de ordenar el retiro de las cuentas económicas. Aseguran, que las inhibiciones se da con motivo de que el representante legal de los denunciantes es el profesional Elio Gómez.

La seguidilla de inhibiciones se dieron por parte de los magistrados Wilfrido Ovelar, Carlos Raúl Zelaya, Zulmy Varela Cardozo, y Sandra Porto, conforme consta en el expediente judicial, razón por la cual concedieron la representación a un nuevo profesional, el abogado Fermín Rivas Ortíz.

Actualmente la causa se halla admitida en el juzgado de la magistrada Catalina Riquelme, quien habría rechazado la petición de cobro de indemnización, al representante de los denunciantes, alegando la necesidad de promover un nuevo juicio ejecutivo para la efectivización de los cerca de G. 14 millones.

En un comunicado escrito, dirigido a la opinión pública y presentado por los denunciantes ante nuestra sala de redacción, sostienen que la familia Blaires a lo largo de 20 años de proceso judicial supuestamente ha hecho gala de su amistad con la familia Soto Estigarribia, ligada al Movimiento de Integración Colorada del Caaguazú (MICC),  razón por la cual y debido a sus influencias políticas exhortándoles a desistir de su acción porque no iban a ganar la demanda.

Leonardo López, contaba con 32 años al momento de la promoción de la demanda, en 1996, en tanto Aida Alice Estigarribia contaba con 53, hoy con 52 y 63 años respectivamente afirman tajantemente que en Paraguay no existe justicia, clamando entre lágrimas, por favor alguien les brinde solución a sus problemas, al tiempo de sostener que a lo largo de 20 años fueron perjudicados por más de G. 300 millones, al ser incumplido el reclamo de sus legítimos derechos.

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