Defensoría atenta contra espacio profesional de abogados independientes
- Así lo expresa el colegio de Abogados del Departamento Caaguazú, en un comunicado emitido este miércoles 4 de agosto, que igualmente, ya fue elevada ante la Corte Suprema de Justicia.
- De acuerdo al documento, defensores públicos estarían acaparando causas judiciales con cuantía económica de por medio: sucesiones, juicios ejecutivos, disoluciones conyugales, cobros de alquileres y otros, lo que resta accesibilidad laboral a “pasilleros”.
- Amparados en la asistencia legal a insolventes, esta práctica se estaría tornando común en Coronel Oviedo y el departamento Caaguazú. De persistir la situación, anuncian acciones judiciales.
El comunicado, firmado por los abogados; Pedro David Galeano y Jorge Torres, presidente y secretario del Colegio de Abogados Independientes del Departamento Caaguazú, enfatiza en la supuesta práctica desleal, acaparante y denigrante de defensores públicos de la ciudad y la región, en detrimento de los profesionales litigantes.
La misma, al tiempo de dirigirse a la opinión pública en general, fue remitida igualmente a los órganos jurisdiccionales de administración de justicia; Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública, fechado el pasado martes 3 de agosto.
En la misma, hacen alusión a que personas declaradas insolventes, con la presentación única de dos testigos que avalen la supuesta condición de insolvencia, acreditan tal condición y acceden a la defensa pública, en causas judiciales, donde existen controversias económicas, muchas veces millonarias, las cuales son pagadas por la ciudadanía en general, para un interés particular.
Esto estaría restando accesibilidad laboral a los abogados “pasilleros”, al tiempo también de atentar contra las arcas del sistema de justicia, dado que al ser considerados insolventes, siquiera contribuyen con el pago de las tasas judiciales.
La misiva expresa que, juicios con cuantía considerable de disoluciones conyugales, juicios ejecutivos, cobros de alquileres, sucesiones y otros, son impulsados por defensoras y defensores públicos, acaparando esta práctica e incluso, desviando el foco real de interés y escencia de la defensa pública, para otros fueros com, penal, niñez, derechos de familia u otros.
El Colegio de Abogados del Departamento de Caaguazú, anuncia incluso acciones judiciales ante los órganos pertinentes, si persiste esta práctica, debido a que, tampoco existe un rigor de parte de jueces, fiscales y magistrados en corroborar fehacientemente la supuesta insolvencia invocada por parte de los representados por la defensoría pública, constituyendo esto delitos como, producción mediata e inmediata de documentos públicos de contenido falso, declaración jurada falsa, entre otros.
