Defensa Pública se suma al plan “antimafia de pagarés”

• La Defensa Pública se une al plan legislativo contra la “mafia de los pagarés” y propone un Registro Nacional de Créditos para evitar fraudes y proteger a los deudores.
• El proyecto busca obligar a bancos, financieras, cooperativas y prestamistas a registrar los pagarés en 10 días, garantizando trazabilidad y transparencia.
• “Con esta herramienta buscamos frenar los abusos y proteger a las víctimas de este esquema perverso”, afirmó el defensor general Javier Dejesús Esquivel.

El Ministerio de la Defensa Pública, encabezado por el defensor general Javier Dejesús Esquivel, anunció su respaldo al plan legislativo para combatir la llamada “mafia de los pagarés” y presentó su propio proyecto de ley para la creación de un Registro Nacional de Créditos, sumándose así a la propuesta que actualmente se debate en la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de legisladores como Rodrigo Blanco (PLRA, PL) y los cartistas José Rodríguez y Rocío Abed, busca poner fin a un esquema delictivo que operó con la presunta complicidad de Juzgados de Paz. Según las denuncias, la “mafia de los pagarés” ejecutaba compulsivamente títulos de crédito ya cancelados, obligando a las víctimas a pagar varias veces el mismo préstamo mediante maniobras judiciales fraudulentas.

El proyecto de ley de la Defensa Pública propone que el registro esté bajo la órbita de la Dirección General de los Registros Públicos, pero interconectado con otras instituciones clave como la Corte Suprema de Justicia, el Banco Central del Paraguay, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el propio Ministerio de la Defensa Pública.

La normativa establece la obligatoriedad de registrar los pagarés para: Las entidades del sistema financiero regulado (bancos, financieras, cooperativas);, Empresas dedicadas al otorgamiento de créditos; Personas físicas o jurídicas que realicen préstamos de dinero de manera habitual, con o sin intereses.

El registro deberá realizarse dentro de los 10 días siguientes a la firma del pagaré, incluyendo los datos básicos del crédito: nombre y documento del deudor, monto otorgado, fecha y vencimiento del instrumento, tasa de interés (en caso de existir), y la versión digitalizada del documento.

El objetivo principal es garantizar la trazabilidad e inalterabilidad de los pagarés, evitando su uso reiterado y fraudulento en perjuicio de los deudores.

“Con esta herramienta buscamos frenar los abusos y proteger a las personas más vulnerables que han sido víctimas de este esquema perverso”, expresó el defensor general Esquivel.

El proyecto se suma a otras propuestas legislativas que buscan reforzar los controles sobre el mercado crediticio y la ejecución de pagarés en el país.