Decano de la FCE-UNCA seguirá recluido en cárcel de Emboscada

• La jueza de garantías, Rosarito Montanía confirmó la prisión preventiva de Miguel Vera, decano de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional del Caaguazú.
• Los abogados de Miguel Vera, requirieron el cambio de la prisión preventiva por la del arresto domiciliario.
• Miguel Vera, procesado por tráfico de armas, por lo que el mismo seguirá recluido en la Penitenciaría Padre Juan Antonio de la Vega de Emboscada.

La jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía de Bassani, ratificó a través de su AI N° 354 la medida cautelar de prisión preventiva para Miguel Vera, procesado por tráfico de armas, por lo que el mismo seguirá recluido en la Penitenciaría Padre Juan Antonio de la Vega de Emboscada.

La resolución se tomó tras sustanciarse la audiencia de revisión de medidas solicitada por el abogado óscar Andrés Ferreira Chávez, quien junto a su colega Alejandro Ferreira Ramos ejercen la defensa de Miguel Vera. Ambos requirieron el cambio de dicha medida por la del arresto domiciliario.

Miguel Vera se desempeñaba como decano de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA). El decano cumple desde el mes de julio prisión preventiva, la misma medida que se aplicó a Héctor Salvador Torales Fernández, representante de la firma “Área Límite SA”.

Tanto Miguel Vera como Héctor Salvador Torales están imputados por los hechos de tráfico de armas y acopio ilícito, tipificados en la Ley N° 4.036 “De Armas”, así como por contrabando según el Código Aduanero, y asociación criminal y producción mediata de documentos no auténticos, según el Código Penal, en calidad de autores.

Durante la audiencia, el abogado Óscar Ferreira señaló que Miguel Vera “no ha participado ni como autor ni como partícipe de la comisión de los hechos punibles que se encuentran en el acta de imputación”, así como tampoco “participó de las negociaciones para la firma del contrato con la Cooperativa 8 de Marzo ni tampoco formaba parte de la empresa en la época que se dio el arribo de las armas al Paraguay”.

En tal sentido, agregó que Miguel Ángel Vera cede sus acciones a Ron Baul en la misma fecha que lo hace la Sra. Cinthia Brítez, imputada también en esta causa y actualmente con la medida de arresto domiciliario, la cesión de acciones quedo acreditada en virtud de fecha 23 de febrero de 2020 que obra en carpeta fiscal en donde se expresa que ambos ceden sus acciones al Sr. Ron Baul, la figura de socio mayoritario en la empresa Area Limite S.A.

Bajo estos argumentos, Ferreira buscó desacreditar los fundamentos que sostienen la medida de la prisión preventiva, que tiene como presupuesto la autoría o participación del imputado, el riesgo de fuga y el peligro de obstrucción de la investigación, que sostuvo el fiscal del caso, Federico Delfino.

La defensa también sostuvo que, a poco más de un mes de la fecha de presentación del requerimiento conclusivo, las diligencias a ser realizadas por el Ministerio Público no han sido mencionadas de manera concreta sino de manera general, por lo que Vera no podría influir sobre los demás coprocesados, principalmente porque Torales está en la misma cárcel y celda.

Ante todo esto, sin embargo, la magistrada consideró que no se presentaron hechos nuevos que hagan variar la situación, a modo de que se levante la medida cautelar.

El 25 de febrero de 2022, por Nota A.A.A.I.S.P. N° 20/2022, la Aduana pidió informes a la Dirección de Material Bélico (Dimabel) sobre si la firma “Área Limite SA” gestionó la importación de armas de uso civil. El 3 de marzo, la Dimabel respondió que la firma es importadora de armas, pero su registro está vencido desde el 4 de agosto de 2021.

El 4 de marzo se detectó el cargamento de 25 cajas de pistolas de uso civil, por lo que la Dirección Nacional de Aduanas realizó la denuncia a la Fiscalía Zonal de Luque, a cargo de la fiscala Sonia Pereira. También se dio intervención a la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, según la imputación.

El escrito señala además que el 17 de febrero, Héctor Torales, en representación de “Área Limite SA”, presentó una nota en a la Dimabel, indicando que la firma tiene registro de importador vencido, pero que ya solicitaron su renovación el 15 de febrero.

Sin embargo, el 22 de febrero, Torales volvió a presentar una nota informando a la Dimabel que el 19 de febrero llegaron al Aeropuerto Silvio Pettirossi 250 unidades de armas de fuego de la marca Bull Cherokee, Magazine X2, de color negro, adquiridas de la proveedora Bul Armory de Israel, en 25 paquetes. Esto derivó en la consulta de la Aduana a la Dimabel.

De acuerdo con la investigación fiscal, “Área Limite SA” no estaba habilitada para comercializar armas de fuego, ya que no se encontraba inscripta como importadora se evidenció con la solicitud presentada el 15 de julio de 2020, ante Dimabel, por Cinthia Carolina Britez Viana, en representación de la empresa.

Recién el 4 de agosto de 2020, por Resolución N° 241/2020, fue habilitada como importadora. Para la Fiscalía “se evidencia que los señores Cinthia Carolina Brítez Viana y Miguel Ángel Armando Vera, en representación de la empresa “Área Limite”, comercializaron armas de fuego sin estar habilitados para tal efecto”.

Agrega la Fiscalía que “Área Limite SA”, según la última asamblea general ordinaria del 29 de setiembre de 2021, está conformada por Héctor Torales como presidente y Ron Yoseph Baum como vicepresidente, Cinthia Carolina Brítez Viana como secretaria y Félix Pedrozo Solís como síndico titular.

Para la renovación de registro de importador, en 2022, se presentaron los documentos ante la Dimabel, entre ellos una carta de referencia del Banco Río SAECA, al que el Registro Nacional de Armas solicitó, el 22 de febrero de 2022, informe sobre el movimiento bancario de “Área Límite” y el banco respondió que no trabaja con esta.

Al pedido de renovación también se adjuntó el Acta de Asamblea General, del 29 de setiembre de 2021, en la que consta la firma del vicepresidente Ron Yoseph Baum, quien no estaba en el país, pues según informe de Migraciones entró al país el 25 de octubre de 2021 y salió el 4 de noviembre de ese año.

Aquello hace sospechar que Cinthia Carolina Brítez Viana y Miguel Ángel Armando Vera, Héctor Salvador Torales Fernández y Ron Yoseph Baum habrían usado documentos de contenido falso para cumplir los requisitos solicitados por la Dimabel para la renovación del registro de importador.