Covid-19: Comenzarán a intervenir sanatorios que abusan con costosos tratamientos
- La Superintendencia de Salud anunció que empezará a realizar controles sobre presuntos sobrecostos en los servicios de internación médica en los sanatorios privados que firmaron convenio con el Ministerio de Salud para el tratamiento de pacientes con COVID-19.
El doctor Ignacio Mendoza, titular de la entidad contralora, manifestó que ya recibieron varias denuncias sobre centros de atención privada que estarían intentando cobrar deudas anormales a pacientes con el letal virus y a sus familiares por el tratamiento recibido. Sin embargo, el funcionario lamentó que estas denuncias no son muy sólidas y no cuentan con suficientes documentaciones para que la Superintendencia pueda intervenir en el hecho.
“Nosotros tenemos la facultad de controlar todas las prestaciones de todas las entidades públicas y privadas para que sean de calidad. También debemos hacer cumplir las normas que emite el Ministerio de Salud Pública que es el órgano rector. Controlamos los precios básicos de las consultas y también hacemos evaluación de los costos hospitalarios para que no haya abusos”, explicó a través de una entrevista con la radio 1020 AM.
En ese contexto, Mendoza anunció que están analizando la posibilidad de controlar algunos sanatorios en atención a que el Ministerio de Salud suscribió muchos acuerdos con estos hospitales privados para los servicios de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), los cuales establecen un costo estimado de lo que significa la internación de una persona en un día.
“Ya recibimos unas cuantas denuncias, pero nosotros debemos actuar con base en denuncias definidas y sustentadas. No podemos actuar sobre el ‘se dice que’. Por ley tenemos la potestad de intervenir, sea sanatorio, laboratorio, centro radiológico, que salga de su proceso formal de prestación. Pero para eso necesitamos documentaciones sólidas”, afirmó.
En redes sociales están denunciando que sanatorios privados se estarían aprovechando de la situación de pandemia y colapso de los servicios públicos de salud para lucrar deslealmente con los tratamientos que imparten a pacientes que se ven obligados a acudir a sus centros asistenciales.
