Corte Suprema suspende a ocho abogados, uno de ellos de Coronel Oviedo
- El Consejo de Superintendencia aplicó sanciones que van de 15 días a cuatro meses a profesionales por distintas irregularidades.
- Elio Gómez, abogado de Coronel Oviedo, recibió una suspensión de tres meses y afirma que su lucha es contra el sistema corrupto del Poder Judicial.
- El documento oficial fue remitido erróneamente a la expresidenta de la Circunscripción Judicial, Lilian Servián, cuya administración ya concluyó.

El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso la suspensión en el ejercicio de la profesión de ocho abogados por diversas causas, con sanciones que oscilan entre 15 días y cuatro meses.
Entre los sancionados se encuentra Elio Marcial Gómez Escobar, profesional de Coronel Oviedo, quien recibió una suspensión de tres meses según la Resolución N° 1971/2025.
En contacto con OviedoPress, Gómez reconoció que su suspensión “está dentro de lo previsto”, asegurando que existe un trasfondo en su caso: “Están detrás de la casación de mi matrícula”, afirmó. Según el abogado, su postura crítica contra el sistema judicial ha provocado represalias. “ Estoy luchando por la justicia que se merece el Paraguay y eso a ellos no les gusta”, enfatizó, aludiendo especialmente al tráfico de influencias dentro del Poder Judicial.

El listado de sancionados incluye a abogados de distintas jurisdicciones y detalla los plazos de suspensión, fechas de inicio y finalización.
El caso de Gómez Escobar resalta por su impacto en la Circunscripción Judicial de Caaguazú, una zona que ha sido foco de múltiples cuestionamientos en materia de transparencia judicial.

Llamativamente, la comunicación oficial de estas sanciones fue dirigida a la Abg. Lilian Beatriz Servián Melgarejo, expresidenta de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, pese a que su administración ya concluyó.
La actual presidenta es la Abg. Sandra Porto, lo que evidencia una desactualización administrativa en la remisión de documentos oficiales.

La circular, firmada por la abogada Analía Velázquez desde la Superintendencia General de Justicia, solicita asegurar la aplicación efectiva de las sanciones y adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento.
Este episodio vuelve a poner en el centro del debate las prácticas internas del Poder Judicial y la necesidad de depurar responsabilidades para fortalecer la confianza ciudadana en la justicia.