Corte Suprema investiga a juezas de PJC y suspende a una por chats filtrados de Lalo Gómez
- La Corte Suprema de Justicia abrió un sumario contra las juezas Carmen Silva y Ana Aguirre, presuntamente involucradas en un esquema de corrupción revelado en los chats del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gómez.
- Ante la gravedad del caso, la Corte Suprema decidió investigar a las magistradas, como medida cautelar suspender sin sueldo a Silva y enviar los antecedentes al Ministerio Público.
- Además de remitir el caso al JEM, solicitó la intervención de la Contraloría y del Ministerio Público para una posible imputación.
En una sesión plenaria extraordinaria realizada en la noche del viernes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dispuso la apertura de un sumario contra las juezas penales de Pedro Juan Caballero, Carmen Elizabeth Silva Bóveda y Ana Graciela Aguirre Núñez, por su presunta implicancia en un esquema de corrupción revelado en los chats del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gómez. Asimismo, se resolvió la suspensión sin goce de sueldo de la magistrada Silva y se remitieron los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La propuesta de iniciar la investigación fue presentada por la ministra de la CSJ, Carolina Llanes, bajo el argumento de que ambas juezas habrían incurrido en conductas ilícitas configurativas de asociación criminal. En consecuencia, el pleno de la Corte determinó remitir los antecedentes al Ministerio Público para que se inicie un eventual proceso penal y solicitó a la Contraloría General de la República un análisis de correspondencia de bienes de las magistradas.
El ministro de la CSJ, Eugenio Jiménez Rolón, calificó los hechos como “delictuosos extremadamente graves que atentan contra el sistema democrático constitucional de la República”, instando a que la denuncia presentada ante el Ministerio Público sea “clara, directa, expresa y contundente”.
El presidente de la Corte, César Manuel Diésel, solicitó al Ministerio del Interior reforzar la seguridad del juez Osmar Legal y gestionar un vehículo blindado a través de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), en el marco de la investigación de este caso.
