Corte Suprema definirá si los hermanos de Marcelo Pecci acceden a la carpeta fiscal del caso

• La familia del fiscal Marcelo Pecci recurrirá a la Corte Suprema de Justicia tras múltiples negativas para acceder a la carpeta fiscal del caso, con el objetivo de conocer los avances reales de la investigación sobre los autores intelectuales del crimen.
• Pese a que en Colombia ya fueron identificados y condenados los autores materiales del asesinato de Marcelo Pecci, en nuestro país la investigación sobre los responsables morales sigue sin resultados claros, lo que genera indignación en su familia.
• La familia de Marcelo Pecci también demandó al Estado colombiano y a Hoteles Decameron por posibles omisiones graves en el crimen ocurrido en Barú. La acción legal fue presentada en Bogotá y está pendiente de ser admitida.

Tras la negativa reiterada de la Fiscalía de nuestro país y de instancias judiciales inferiores, los hermanos del fiscal asesinado Marcelo Pecci recurrirán a la Corte Suprema de Justicia en busca de acceder a la carpeta fiscal que investiga la autoría moral del crimen ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Barú, Colombia.

El abogado Alfredo Enrique Kronawetter, representante legal de Francisco y Gabriela Pecci Albertini, confirmó que presentará el recurso ante la máxima instancia judicial del país. La decisión responde a la última resolución del Tribunal de Apelación en lo Penal, tercera sala, que el pasado 3 de abril declaró inadmisible el recurso de apelación contra la negativa de acceso a la causa N.º 9088/2023, caratulada como “Persona innominada sobre homicidio doloso”.

La investigación en nuestro país sigue siendo una incógnita, pese a los avances logrados en Colombia, donde se identificó y condenó a los autores materiales del crimen, entre ellos Francisco Correa Galeano, considerado el cerebro de la operación y asesinado en enero de este año en una cárcel colombiana.

La Fiscalía colombiana, en palabras de su entonces titular Francisco Barbosa Delgado, reconoció que la orden del asesinato provino desde nuestro país, motivo por el cual instó a las autoridades locales a avanzar en la investigación sobre los responsables intelectuales. “En Colombia tenemos el 100% del caso dilucidado; falta un pedazo que corresponde a Paraguay”, afirmó Barbosa en una entrevista concedida en marzo de 2023.

Sin embargo, los familiares del fiscal asesinado denuncian la falta total de transparencia por parte del Ministerio Público de nuestro país. Según Kronawetter, la intención de acceder a la carpeta fiscal no busca entorpecer la investigación, sino ejercer el derecho de víctima para conocer los avances reales del caso y participar activamente en su esclarecimiento.

Entre los pedidos específicos realizados a la Fiscalía se encuentran: Información concreta sobre las pesquisas realizadas. Las hipótesis desarrolladas hasta el momento. Detalles sobre diligencias pendientes y sus obstáculos Un cronograma estimativo para sostener una teoría del caso. Copias documentales de las actuaciones fiscales.

La solicitud fue rechazada por el equipo fiscal conformado por Christian Ortiz, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y la adjunta Matilde Moreno el pasado 29 de julio de 2024. Posteriormente, el juez penal de garantías Yoan Paul López denegó una autorización judicial para acceder a la causa. La apelación contra dicha decisión también fue rechazada, con dos votos contra uno.

En enero de este año, Francisco Luis Pecci, hermano del fiscal, rompió el silencio y arremetió duramente contra los fiscales de nuestro país. “Mataron a su compañero, hagan algo”, exclamó, al tiempo que acusó de mentirosos a los agentes que aseguran que la familia tiene acceso a la investigación. Además, expresó su falta total de confianza en el sistema judicial paraguayo.

Por otra parte, la familia Pecci también inició acciones judiciales en Colombia, donde presentaron una demanda contra el Estado colombiano y Hoteles Decameron, por supuestas omisiones graves en materia de seguridad que facilitaron el crimen. La acción legal fue interpuesta ante el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá, y está a la espera de ser admitida, tras el fracaso de una conciliación previa.