Corte definirá si el tío de Beto Ovelar va a cobrar 10.000 millones al Estado Paraguayo
- La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia definirá si el Estado pagará o no una millonaria suma en concepto de indemnización por expropiación al tío del senador Silvio Ovelar (ANR), Roosevelt César Benítez Molinas.
- En Primera Instancia el demandante se vio favorecido con una criticada resolución de la jueza Vivian López, quien determinó que el Estado debía pagar más de G. 10 mil millones al tío del político colorado.
- Posteriormente y tras una apelación de la Procuraduría, un Tribunal de Apelación revocó la resolución de la magistrada debido a que la misma ignoró la ley N° 5389/2015, que establece el criterio para la expropiación en estos casos.
Los ministros Alberto Martínez Simón, César Garay y Eugenio Jiménez Rolón, deben resolver las apelaciones planteadas contra la resolución de segunda instancia que revocó la Sentencia Definitiva N° 519 del 22 de diciembre del 2020 dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Décimo Octavo Turno de la Capital, a cargo de Vivan López. A través de esa sentencia la jueza impuso al Estado paraguayo la obligación de pagar G. 10.456.364.881 por la expropiación de inmuebles ubicados en la periferia de Coronel Oviedo, cuya franja de dominio fue liberada para continuar las obras de duplicación de las rutas 2 y 7.
Tanto el demandante Roosevelt Benítez como la Procuraduría General de la República apelaron la resolución del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sexta Sala de la Capital, que anuló el cuestionado fallo de López.
El procurador Jorge Rafael Caballero apeló la resolución ya que desde la institución estatal consideran que las costas debían ser impuestas a la perdidosa. Por su parte, Benítez Molinas aún no fundamentó su recurso ante la Corte, según informaron desde la secretaría de la Sala Civil, de acuerdo con lo publicado por el periódico especialista en temas judiciales, PSD.
El caso surge de una demanda sobre fijación judicial de precio que entabló el general retirado Roosevelt César Benítez Molinas, tío del senador colorado Silvio “Beto” Ovelar. La misma fue presentada el 21 de octubre del 2019 en contra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y tras una recusación contra la jueza Karen González, el expediente cayó en el Juzgado de Vivian López.
La magistrada resolvió sobre el juicio y dictó un fallo favorable a Benítez Molinas, con el cual el mismo percibiría del Estado G. 10.456.364.881 por la expropiación de los inmuebles ubicados en la zona de duplicación de la ruta PY02, en la fracción Colina Blas Garay, del distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Ante tal situación, la Procuraduría General de la República (PGR), a través del procurador Jorge Rafael Caballero, apeló dicha resolución.
Ante tal recurso, los camaristas Enrique Mercado, Mirtha Elena Ozuna de Cazal y Osvaldo González, estudiaron la resolución de Vivian López y finalmente la revocaron por considerar que la resolución de la magistrada no se ajustó a derecho.
El preopinante fue González, quien argumentó que la magistrada no tuvo en cuenta la ley N° 5389/2015, “que establece el procedimiento para la expropiación e indemnización de inmuebles comprendidos en las áreas destinadas a la franja de dominio público de obras de infraestructura públicas a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y declara de utilidad pública y expropia a favor del Estado Paraguayo varios inmuebles afectados por dicha condición”.
Otro argumento para revocar la decisión de Primera Instancia fue que la jueza dispuso que las costas sean impuestas a la perdidosa, que en este caso fue el Estado. Con esto, según el camarista González, López omitió el art. 38 de la ley N° 5389/2015, que dispone taxativamente que en todos los casos las costas serán impuestas por su orden.
Ahora está en manos de los ministros de la Sala Civil resolver si el Estado debe pagar o no, una excelente oportunidad para demostrar si la CSJ busca la independencia del poder político o si se somete al mismo.
