Contraloría no culmina auditoría del fallido acueducto del Chaco

• El borrador del informe de auditoría se encuentra en el área jurídica de la CGR, donde se analizan posibles irregularidades que podrían derivar en denuncias ante el Ministerio Público.
• Exministros del MOPC como Enrique Salyn Buzarquis y Rodolfo Segovia respondieron a la auditoría, pero otros, como Arnoldo Wiens, nunca dieron explicaciones.
• El MOPC desembolsó más de 100 millones de dólares en la construcción del acueducto, pero la obra sigue sin funcionar, afectando a las comunidades que debían beneficiarse. Los contratos de construcción tuvieron sobrecostos de hasta un 60%.

A dos años del inicio de la auditoría sobre el acueducto del Chaco, la Contraloría General de la República (CGR) no concluyó el informe ni proporcionó una fecha estimada para su publicación. Esta obra, ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), representó una inversión de más de 100 millones de dólares y, pese a haber sido finalizada, sigue sin funcionar.

El ente de control, dirigido por Camilo Benítez, inició en enero de 2023 una “fiscalización especial inmediata (FEI)” sobre las obras del acueducto, cuyas construcciones se extendieron desde 2012 hasta la administración de Mario Abdo Benítez. Actualmente, el borrador del informe de auditoría se encuentra en el área jurídica de la CGR, donde se evalúan posibles indicios de hechos punibles para una eventual denuncia ante el Ministerio Público.

Desde la CGR explicaron que el retraso se debió a la verificación jurídica del informe y a la posibilidad de que los involucrados realicen sus descargos. El contralor Camilo Benítez, en noviembre de 2023, mencionó que el proceso se demoró por la presentación de prórrogas solicitadas por la actual ministra del MOPC, Claudia Centurión. Según Benítez, exministros como Enrique Salyn Buzarquis y Rodolfo Segovia presentaron sus respuestas a finales de octubre de 2023, mientras que otros, como Arnoldo Wiens, nunca respondieron a los requerimientos de la Contraloría.

Por su parte, el MOPC tampoco dió a conocer los resultados de las verificaciones realizadas sobre la fallida obra. La ministra Centurión anunció una revisión de los 203 kilómetros de cañerías, a cargo del entonces viceministro de Obras, José Espinosa, quien renunció en medio del proceso. Hasta la fecha, no se informó sobre los hallazgos de estas verificaciones.

El MOPC desembolsó un total de 735.409 millones de guaraníes (unos 100 millones de dólares) en 15 contratos para la construcción, fiscalización y diseño del acueducto, que incluyó tres fases. La fase 1, iniciada durante el gobierno de Federico Franco, tuvo un costo inicial de G. 400.732 millones, pero terminó elevándose a G. 432.282 millones (58 millones de dólares). Esta etapa contemplaba la captación y el tratamiento del agua del río Paraguay en Puerto Casado, con un acueducto de 203 kilómetros hasta un reservorio en Loma Plata. Sin embargo, el sistema nunca logró operar correctamente.

Las fases 2 y 3, iniciadas durante la administración de Horacio Cartes y concluidas bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez, tampoco han sido probadas debido al fracaso de la fase 1. Estas etapas fueron adjudicadas por G. 203.568 millones, pero el costo final ascendió a G. 303.126 millones (41,2 millones de dólares) debido a sobrecostos de hasta un 60%.

Pese a la multimillonaria inversión, las tuberías presentaron fallas y reparaciones por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), y las comunidades del Chaco siguen sin recibir el agua prometida. La responsabilidad de la fallida obra involucra a varios exministros del MOPC, entre ellos Enrique Salyn Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona, Arnoldo Wiens y Rodolfo Segovia.