Contraloría “justifica” su negativa a entregar informes de declaraciones juradas

• La CGR dice que no pueden brindar datos antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información, y que las declaraciones son datos privados que deben ser dados mediante orden judicial.

La Contraloría General de la República (CGR) apeló el domingo al mediodía la decisión del Juzgado de Primera Instancia que ordenó dar a conocer las declaraciones juradas de bienes de altos funcionarios electos y designados desde el año 1997 hasta el año 2017. Segun informa el medio digital ultimahora.com

Una de las fundamentaciones que esgrime la Contraloría General es que la institución sí podría dar a conocer los datos contenidos en las declaraciones juradas de bienes, pero quien las pide no posee la legitimación activa para poder hacer el pedido.

Sin embargo, este argumento ya fue refutado en varios casos, en los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que el derecho a la información se extiende a cualquiera.

Orden judicial. La Contraloría afirma además que no existe omisión manifiestamente ilegítima dado que no existió jamás una orden judicial solicitando a dicha institución los datos de las declaraciones juradas.

Es decir, el órgano extrapoder se sostiene en la Ley 5033/13, que habla de la prohibición de dar a conocer estos documentos, ya que para que eso ocurra deberá existir una orden emitida por un juez y por un caso específico.

Ley especial. En otro punto de la argumentación, la institución señala que la Ley de Declaración Jurada es una ley especial que trata únicamente sobre las declaraciones juradas y sus procedimientos, y la Ley de Acceso a la Información Pública es una ley general, que puede ser aplicada a las demás situaciones que no tengan un tratamiento especial, como es el caso de la Ley de Declaración Jurada.

No obstante, este argumento tampoco puede correr, ya que se trata de un derecho humano, y ninguna ley, ya sea de carácter general o especial, puede ir en contra de las disposiciones de la Convención Interamericana de DDHH que habla del derecho a la información como un derecho humano.

Por otro lado, la Contraloría se refiere a un caso de imposible cumplimiento y señala que el juez Rubén Riquelme omitió este hecho.

“La mayor parte de los datos comprendidos en las declaraciones juradas de bienes y renta no tienen vinculación con la condición de funcionarios públicos de los declarantes y, por ende, son de naturaleza privada”, señala la nota de apelación presentada por la CGR.

En su descargo, la institución también enfatiza que no puede dar a conocer los datos de las declaraciones juradas antes del 2014, que es la fecha en que entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información.

El caso está en manos de tres jueces de la Primera Sala de Apelaciones, que está la decisión de dar a conocer o no las declaraciones juradas de bienes de las autoridades designadas y electas entre 1997 y el año 2017.

Se trata de los jueces Gustavo Santander, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Ocampos, integrantes de la Primera Sala de Apelaciones.

La CGR no puede dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado porque las leyes rigen para el futuro y no retroactivamente.

La ley de Acceso a la Información es una ley general, y la Ley de Declaración Jurada se basa en una ley especial.

El recurrente no posee legitimación activa para transitar con éxito el amparo constitucional; debe judicializar.