Contralor evade a la Justicia en comprometido caso de tierras indígenas
- Organizaciones indígenas lamentaron que el Procurador General del Estado, Roberto Moreno, se llene la boca señalando que gracias a su gestión en Estado ya se ahorró más de US$ 600 millones.
- Sin embargo, se muestra desinteresado en un juicio sobre una expropiación a favor de nativos en el Chaco, en que el las empresas dueñas de las tierras apelaron la ley y piden US$ 34 millones más de lo que le pagó el Gobierno.
Trascendió que el “Cartes boy” no quiere meterse en el caso, pues es muy probable que las firmas que piden más dinero por su tierras tienen todas las de ganar el juicio, lo que podría significar que Moreno pierda “su invicto” en los casos en el que representa al Estado y donde cosechó solo victorias.
Tina Alvarenga, de la articulación de mujeres indígenas calificó durante una entrevista con Radio Nacional como “inmoral y éticamente una locura” la intención de las dos empresas que han recurrido nuevamente a un juzgado cuestionando el pago que ha depositado el gobierno en concepto de indemnización por la expropiación de tierras.
Por su parte, el titular del INDI, Aldo Saldívar, señaló a medios de prensa que mientras se espera la decisión de un juzgado de paz, al cual recurrieron dos empresas afectadas por una expropiación realizada por el gobierno nacional en favor de los indígenas, estén operando para torcer la decisión sobre el monto que debe ser abonado por el estado.
“Hay intereses en juego que son fabulosos, no dudo que haya gente operando para que estos recursos sean esquilmados al estado, no hay que pensar mucho para que esto llegue a ocurrir, por eso hacemos un llamamiento al poder judicial para que no se preste a esto y se expida al respecto sobre este tema que ya lleva sus años”.
Al respecto como antecedente, las empresas Roswell Company SA y Kansol SA accionaron contra el artículo 3° de ley 5194/2014 que expropia las 14.404 hectáreas a favor de los indígenas del Chaco. El precio fijado por el estado paraguayo para la indemnización por la expropiación es de aproximadamente 34 mil millones de guaraníes.
“Las dos empresas no aceptaron el precio de la expropiación y atacaron la ley de expropiación por inconstitucional en el 2015, la corte suprema rechaza esa acción de inconstitucionalidad y automáticamente el INDI solicita depositar los 34.900 millones en una cuenta judicial a nombre de las dos empresas afectadas”.
Las mencionadas empresas recurrieron a un juzgado de paz para que este juzgado determine el precio de la expropiación.
“Esas empresas pretenden 39 millones de dólares sobre estas tierras y eso es algo inaceptable, ya se fijó un precio y ya está el dinero disponible, lo que se quiere es poder tapar los ojos de la justicia y nuevamente utilizar y despojar al estado paraguayo de unos recursos muy importantes”.
“Si se diera este pago, son tres años de presupuesto del INDI”.
Comentó que se trata de una forma antigua de despojar de dinero al estado y “que era una práctica poder sobrefacturar por las tierras y obtener recursos de este tipo de acciones”.
Señaló que resta esperar la decisión del juzgado,” llamamos y solicitamos a la justicia que no se preste para este tipo de cuestiones, que se haga valer la ley de expropiación que ya fue atacada de inconstitucional y rechazada”.
Por otro lado, “no nos queda más que pelear con todos nuestros recursos ante este tipo de acciones para que se cumpla la ley de expropiación para que los indígenas puedan estar en posesión de estas tierras”.
Las mencionadas tierras se encuentran sobre la ruta Pozo Colorado – Concepción a unos 100 km aproximadamente.