Condenan a Jacinto Villalba por rufianería en el caso Anabel Blanco
- Jacinto Villalba Jiménez fue condenado a tres años de cárcel por rufianería, en el marco del proceso relacionado con la muerte de la niña de 12 años.
- Sin embargo, tanto él como otro de los implicados, Fernando Damián Quiñónez, fueron sobreseídos en las causas por feminicidio y abuso sexual, por falta de evidencias, según lo expuesto por su defensa.
- Ariel Ávalos, abogado de Villalba, cuestionó la actuación del Ministerio Público, señalando la falta de objetividad del fiscal Alfredo Mieres y acusando a la Fiscalía de sostener una causa sin pruebas.
A más de dos años del hallazgo sin vida de la niña Anabel Blanco González, de 12 años, en un inmueble baldío del barrio Bernardino Caballero de la ciudad de Caaguazú, la Justicia emitió la primera condena en el marco de este complejo y mediático caso. El procesado Jacinto Villalba Jiménez fue sentenciado el pasado viernes a tres años de pena privativa de libertad por el hecho punible de rufianería.
No obstante, fue sobreseído provisionalmente en los cargos más graves de feminicidio y abuso sexual, por falta de evidencias. El agente fiscal Alexis Takahashi es quien actualmente impulsa la causa, que continúa abierta en varias aristas y con más personas implicadas.
Según relató el abogado defensor de Villalba, Ariel Ávalos, su cliente estuvo recluido durante aproximadamente siete meses en la Penitenciaría Regional de Villarrica, tras ser imputado en 2023 por feminicidio y abuso sexual de la menor. Ávalos afirmó que estas imputaciones iniciales se basaron en la declaración de Luz Marina Bogado, quien aseguró que la niña habría sido asesinada en el domicilio de Villalba, en el marco de un presunto esquema de explotación sexual.
“Mi cliente fue procesado, privado de libertad y vinculado injustamente al crimen a partir de una declaración que calificamos de criminal. No existían pruebas ni evidencias físicas, por lo cual el Ministerio Público, que inicialmente formuló la imputación a través del fiscal Alfredo Daniel Mieres, solicitó luego el sobreseimiento provisional”, expresó el abogado en contacto con el programa Hablando Claro de OviedoPress Multimedios emitido por la 95.3 FM Radio América.
Junto con Villalba, también fue beneficiado con el sobreseimiento Fernando Damián Quiñónez, otro de los imputados. Ambos fueron apartados de la causa principal que investiga la muerte violenta de la menor.
La única condena alcanzada hasta ahora en este proceso es la de Villalba por rufianería. El fallo se sustentó en la declaración de una trabajadora sexual, quien afirmó que alquilaba habitaciones del imputado y que este presuntamente se beneficiaba económicamente de su trabajo.
El Tribunal de Sentencia interpretó que existía una relación de explotación, aunque la defensa sostiene que no se comprobó ningún vínculo laboral o de subordinación directa.
“El tribunal se basó exclusivamente en el testimonio de una mujer que antes decía venir a ayudar a la familia de Jacinto y luego, en juicio, se contradijo totalmente. No existe ninguna evidencia material que sustente esta condena. Por ello vamos a apelar esta decisión”, manifestó Ávalos.
El Tribunal de Sentencia de Caaguazú estuvo integrado por los magistrados Fernando Torres (presidente), Alejandrino Rodríguez y Mario Estigarribia.
Jacinto Villalba Jiménez permanece actualmente bajo arresto domiciliario, medida otorgada tras su sobreseimiento por los hechos de feminicidio y abuso sexual. La condena de tres años aún no está firme y su ejecución queda supeditada a la resolución de la apelación anunciada por su defensa.
En cuanto al proceso principal por la muerte de Anabel Blanco, persisten las dudas. La Fiscalía aún no formuló acusación alguna por los delitos de feminicidio y abuso sexual. Otro de los imputados, un ciudadano indígena identificado como Simón Zárate, fue procesado por separado y continúa bajo investigación.
La causa sigue abierta y con múltiples cuestionamientos hacia la actuación del Ministerio Público a cargo del primer representanto fiscal, principalmente por la falta de avances concretos para esclarecer un crimen que conmovió a la ciudadanía y expuso presuntas redes de abuso y explotación de menores en la ciudad de Caaguazú.
