Comunidad jurídica de Alto Paraná pide a MEC y Fiscalía iniciar investigación sobre títulos falsos
- Al Ministerio de Educación solicitaron que promueva acciones penales contra los que expidieron y los que no cursaron carreras.
- Para el Ministerio Público fue desmantelar la red que se dedica a instalar universidades garaje para la compra de títulos.
- Se dirigieron también al Congreso de la Nación para solicitar designe representantes con decoro y profesionalismo.
Ante las graves denuncias formuladas contra dos sucesivos presidentes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el senador colorado Hernán Rivas y el diputado también colorado Orlando Arévalos, la Comunidad Jurídica de Alto Paraná (COMJURAP) se pronunció y solicitó a las autoridades iniciar una investigaciones al respecto.
Ambos parlamentarios han sido objeto de duros cuestionamientos en lo que se refiere a la obtención de sus títulos universitarios, siendo en ambos casos denunciados por la supuesta falsificación de sus títulos universitarios.
“La Comunidad Jurídica del Alto Paraná exige a las autoridades nacionales y, especialmente a los operadores del sistema de justicia, que el profesionalismo así como la absoluta independencia técnica y política sean el norte de sus acciones, pues es la única manera de recuperar la confianza de los justiciables y colocar a nuestro sistema de justicia en sitiales de respeto y deferencia”, expresa el comunicado.
Por esto, la Comisión Directiva de la Comunidad Jurídica del Alto Paraná solicitó a los miniterios de Educación y Público, como también al Congreso de la Nación, abrir investigaciones paralelas y puntales en cuanto a esta situación.
En lo que se refiere al Ministerio de Educación y Ciencias solicitaron promueva denuncia penal contra todas las personas involucradas en la expedición de títulos universitarios a alumnos que no cursaron la carrera que se jactan de haber culminado.
Asimismo, al Fiscal General del Estado se requirió la apertura de una investigación penal a los efectos de desmantelar la supuesta red de delincuencia que aglutina a universidades de garaje, cómplices de las entidades rectoras y quienes se benefician con la compra de títulos. “Sin importar quien caiga”, versa el escrito.
En cuanto al Congreso de la Nación solicitaron mantener su compromiso con el Estado de Derecho al momento de designar sus representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, eligiendo personas idóneas para el cargo teniendo en cuenta que es un órgano extra poder que se encarga nada menos que de juzgar a jueces, fiscales y defensores públicos por mal desempeño en sus funciones.
“Entiéndase munidos del decoro, profesionalismo y que sus acciones encuentren como único fundamento y respaldo el Derecho, la Justicia y que estén alejadas de cualquier otro tipo de injerencias”, señala el comunidado firmado por las abogadas Liz Rilsy Martínez López como presidente y Sonia Villasanti Urbieta como secretaria.
