Cirugías estéticas con fondos públicos: Ex intendenta de Tava’i en juicio oral
- Alba Correa, exintendenta de Tava’i, está siendo juzgada por malversación de fondos del Fonacide, tras desviar G. 286 millones , fondos destinados a mejorar la educación, para financiar procedimientos estéticos personales.
- El juicio, que inició el 11 de marzo, continuará con la presentación de pruebas y testigos que refuerzan la acusación.
- El caso de Alba Correa pone en evidencia el uso indebido de fondos públicos en Tava’i. La acusación surge tras un informe de la Contraloría General de la República y varias denuncias de concejales
Alba Correa, exintendenta de Tava’i y exmiembro del Partido Colorado (ANR-HC), se enfrenta a un juicio oral que comenzó el pasado 11 de marzo en la 10° Circunscripción Judicial de Caazapá. La acusación que pesa sobre ella es grave: malversación de fondos públicos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), por un monto de G. 286 millones. Según la denuncia de varios concejales de la localidad y un informe de la Contraloría General de la República (CGR), el dinero fue utilizado para financiar cirugías estéticas que incluyeron procedimientos como aumento de pecho, liposucción y extensiones de cabello.
El caso, que ha sido objeto de demoras judiciales desde que se presentó la imputación en 2017 por parte del fiscal Aldo Cantero, fue reactivado en 2023 gracias al trabajo del fiscal José Alberto Núñez Ruiz Díaz, quien logró que el proceso avanzara después de varios obstáculos legales presentados por la exintendenta. Los concejales que denunciaron el caso, entre ellos María Victoria Bogado, Pastor Benítez, Francisco Cáceres y Nilsa Riveros, sostienen que la exjefa comunal usó recursos destinados a la educación para satisfacer sus propios intereses personales.
“Las pruebas son contundentes. Correa desvió una suma importante de dinero destinada a proyectos educativos para financiar su propio bienestar físico,” indicó María Victoria Bogado, una de las concejalas denunciante. Durante el juicio, que podría extenderse varias semanas debido a la cantidad de pruebas y testigos, se presentarán alrededor de 80 documentos y 19 testimonios que intentarán confirmar la malversación de los fondos.
Además del caso del Fonacide, Correa enfrenta otro proceso judicial por un supuesto perjuicio económico superior a G. 1.000 millones durante los ejercicios fiscales 2012 y 2013, relacionado con irregularidades en el manejo de otros recursos municipales. Sin embargo, este caso también ha experimentado demoras significativas, lo que ha levantado preocupación en diversos sectores de la sociedad.
A lo largo de los años, la exintendenta ha utilizado varias tácticas legales para dilatar el proceso judicial, lo que ha generado desconfianza en la justicia. Incluso llegó a ser beneficiada con un sobreseimiento provisional, pero el Tribunal de Sentencia finalmente reactivó el caso.
“La justicia no puede permitir que estos actos queden impunes. Este es un claro ejemplo de corrupción que debe ser sancionado para que no se repita,” señaló María Esther Roa, activista de la organización “Somos Anticorrupción”. La situación ha generado un fuerte debate sobre la transparencia en el uso de los fondos públicos y la necesidad de una justicia más ágil y eficiente.
El juicio de Alba Correa continúa hoy, con la expectativa de que los testigos y las pruebas presentadas arrojen claridad sobre la magnitud de los desvíos cometidos. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia ha alegado falta de recursos técnicos para grabar el juicio, una solicitud hecha por diversos actores de la sociedad civil para garantizar la transparencia del proceso.
