Cercanos a Peña y Alderete operarían en millonaria licitación de máquinas de votación
- Empresas cercanas al presidente Peña y a su entorno político estarían detrás de la millonaria licitación de 28.000 máquinas de votación, valuada en US$ 93 millones, según denuncias de la disidencia colorada.
- La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) hizo más de 30 observaciones al pliego y suspendió el proceso en tres ocasiones, pero el TSJE siguió adelante.
- Tecmont, otra empresa oferente, estaría apadrinada por José A. Alderete, vicepresidente de la ANR y asesor presidencial, lo que profundiza las dudas sobre la imparcialidad del proceso.
La licitación pública para la compra de 28.000 máquinas de votación por un monto de US$ 93 millones ha desatado una nueva ola de denuncias por presunto direccionamiento y vínculos políticos entre las empresas oferentes y altas autoridades del gobierno, incluyendo al presidente de la República, Santiago Peña.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), presidido por Jaime Bestard (ANR, Honor Colorado), abrió los sobres de ofertas el pasado jueves 22 de mayo, en un proceso que ya fue suspendido tres veces por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), tras más de 30 observaciones al pliego por posibles irregularidades.
Según denuncias provenientes de la disidencia colorada, las empresas ITTI y Technoma —vinculadas al mandatario— serían las principales beneficiarias. Peña fue socio de ITTI a través de ueno Holding SAECA hasta finales de marzo pasado, y el CEO de ueno, Federico Miguel Vázquez Villasanti, mantiene una estrecha relación comercial con Excelsis, firma de software que ya integró el consorcio adjudicado en 2019 y fue proveedor oficial en las elecciones municipales de 2021 y generales de 2023.
Excelsis, dirigida por Daniel Sauca, estaría siendo considerada nuevamente como socio tecnológico en la actual licitación, lo que refuerza las sospechas de un esquema de continuidad disfrazado de competencia.
Por otra parte, la firma Tecmont, del titular de la UIP Enrique Duarte, también fue señalada por presunta cercanía con el vicepresidente de la ANR y asesor presidencial, José Alberto Alderete, quien sería su “padrino político” en el proceso.
Aunque otras empresas internacionales como la argentina MSA, la coreana Miru System y Smartmatic presentaron propuestas, fuentes indican que el proceso favorecería a las firmas locales, alineadas al sector cartista, que controla actualmente el TSJE.
La adquisición de las máquinas contempla una vigencia de 10 años, con un esquema de pago en cuatro años, lo que, según críticos, compromete el presupuesto público en el largo plazo y pone en riesgo la confianza ciudadana en el sistema electoral.
Ante la polémica, sectores de la oposición exigen la anulación de la licitación y una investigación independiente sobre los vínculos entre las empresas oferentes y las autoridades políticas.
