Caso Emboscada: A un año de la desaparición de niña y aún no hay pistas sobre su paradero
- El 15 de abril del año pasado se produjo la desaparición de la niña que se encontraba en una propiedad ubicada en Emboscada, Departamento de Cordillera. El Ministerio Público aún no logra dar con su paradero.
Pasaron 365 días desde que la niña fue vista por última vez en la propiedad de su padrastro ubicada en la localidad de Emboscada, pero hasta la fecha nada se sabe sobre su destino.
La pequeña desapareció en la tarde del 15 de abril cuando supuestamente paseaba con las cabras que adoptó como nuevas amigas. Sin embargo, el hecho cobró notoriedad recién un día después, cuando su madre realizó la denuncia sobre su desaparición.
Si bien se realizaron varios procedimientos y trabajos de búsqueda, el Ministerio Público no cuenta con la información precisa sobre el paradero de la niña, muestras se espera el resultado de algunas pesquisas.
El caso tuvo un alto impacto social e incluso se produjeron varias movilizaciones ciudadanas para exigir resultados en las investigaciones. Hasta la fecha, todo es una incertidumbre.
Para investigadores, la niña está viva
El fiscal Carlos Maldonado, uno de los integrantes del equipo de investigación conformado por el Ministerio Púbico, aseguró en comunicación con Última Hora que el caso sigue enfocado en la búsqueda con vida de la menor.
“Nosotros no tenemos ningún elemento físico material para pensar que ella no está con vida, nuestro punto troncal sigue siendo la búsqueda y el caso sigue como una desaparición”, dijo el fiscal.
Maldonado explicó que existen diligencias pendientes de resultados que podrían ser claves para la investigación. La Fiscalía espera los resultados de muestras de ADN y la colaboración del padre biológico de la niña para las tomas.
En ese sentido, se realizaron pedidos internacionales a Alemania, Suiza y Francia, de modo a obtener muestras de ADN que permitan definir si las tomas de sangre encontradas en diferentes allanamientos corresponden a la desaparecida.
Por otro lado, el agente fiscal dijo que ahora recién se puede seguir con el deslacrado de las 29 cajas incautadas en el marco de las sospechas de pornografía infantil contra el padrastro.
Sobre ese punto, el investigador indicó que la diligencia fue apelada en su momento y recién ahora se ratificó su realización.
Padrastro y madre siguen detenidos
El padrastro de la niña desaparecida fue imputado por el supuesto hecho de violación del deber del cuidado y abandono, luego se amplió la causa a pornografía infantil.
El hombre se encuentra recluido en la Penitenciaría Regional de Villarrica, en donde cumple con la medida de prisión preventiva.
Entretanto, la madre de la niña también está con prisión preventiva en la Penitenciaría de Ciudad del Este, tras ser imputada por violación del deber del cuidado y abandono.
Además, ambos tienen un proceso abierto por desacato debido a que se negaron a someterse a las pruebas de ADN dispuestas por diferentes Juzgados.
Nueva audiencia testifical
Carlos Maldonado comentó que el pasado lunes, tanto la madre como el padrastro, solicitaron mediante su abogado una nueva declaración testifical. Las diligencias fueron agendadas.
En el caso de la madre, fue convocada para este miércoles, mientras que el padrastro para el lunes. Sin embargo, el fiscal depende de lo que disponga el sistema penitenciario debido al cierre de los reclusorios por la pandemia.
El Ministerio Público depende en gran parte de los datos que puedan ser brindados por los detenidos, quienes en todo este tiempo estuvieron reacios a contribuir con las investigaciones.
En reiteradas ocasiones, el equipo fiscal se mostró optimista con relación a algunos hilos conductores, pero posteriormente fueron descartados tras los respectivos cotejos.
A un año de la desaparición de la niña, se puede afirmar que los investigadores no tienen pistas certeras sobre su paradero.
Los nombres de la niña y de sus padres se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas de hechos punibles.
