Casi 1.500 padres en la lista negra del Redam: ¿qué consecuencias enfrentan?
- Actualmente, 1.482 personas figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y enfrentan serias restricciones por incumplimiento del deber alimentario.
- El juez Guillermo Trovato, de la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero de la Niñez y Adolescencia (OTANA), explicó los alcances de la normativa y alertó sobre la necesidad de que los bancos cumplan con las restricciones.
- No solo se les impide renovar su licencia de conducir, sino que también pueden ver afectados sus trámites financieros y notariales.
El incumplimiento del deber alimentario tiene consecuencias cada vez más severas para los deudores. Según cifras oficiales de la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero de la Niñez y Adolescencia (OTANA), actualmente hay 1.482 personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), de las cuales 1.461 son varones y 21 mujeres. Estas personas no pueden renovar su licencia de conducir y enfrentan otras restricciones contempladas en la Ley N° 6506/2020.
El juez Guillermo Trovato, coordinador ejecutivo de la OTANA, detalló los alcances de la normativa y señaló que “el certificado Redam también es obligatorio para los trámites establecidos por las entidades financieras y crediticias, pero se debe evaluar si realmente los bancos están cumpliendo”.
Además de la restricción para renovar licencias de conducir, la inscripción en el Redam también afecta la posibilidad de realizar trámites ante notarios públicos, así como la compra y venta de bienes inmuebles. “Está previsto en la ley al igual que todos los trámites que se realicen ante un notario público, en la compra venta de bienes inmuebles”, afirmó Trovato.
El Redam es una herramienta de acceso público y gratuito, disponible en la página web de la Corte Suprema de Justicia, donde cualquier persona puede solicitar el certificado correspondiente. También funciona como fuente de información para entidades financieras y otras instituciones que requieran verificar la situación crediticia de los solicitantes. La aplicación efectiva de estas medidas sigue en observación, especialmente en lo que respecta a su cumplimiento por parte del sector bancario.
