Cartistas y satélites sancionan confusa ley sobre inscripción automática
- El Senado aprobó un controvertido proyecto de ley que elimina la inscripción automática de paraguayos en el exterior y jóvenes que cumplen 18 años, aunque otro artículo del texto legislativo mantiene esta modalidad.
- La oposición denuncia violaciones a la Constitución y contradicciones en el contenido, mientras el Ejecutivo deberá decidir si promulga o veta la normativa.
- Alegan que la normativa busca excluir a los migrantes y jóvenes del registro, atentando contra derechos fundamentales y generando retrocesos en la participación democrática del país.
En una polémica sesión, la Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto de ley que plantea modificaciones a la inscripción automática de paraguayos residentes en el exterior y de jóvenes que cumplen 18 años.
La normativa, impulsada principalmente por el cartismo y sus aliados, ha generado duras críticas de la oposición, que denuncia atropellos a los derechos humanos y contradicciones en el texto legislativo.
El proyecto fue aprobado por 26 votos a favor, 15 en contra y 4 ausencias. Entre sus puntos más cuestionados se encuentra la derogación de la Ley N.º 6951/2022, que establece la inscripción automática de paraguayos en el exterior, mientras que otro artículo mantiene la inscripción automática para residentes dentro y fuera del país.
La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, intentó excluir la palabra “automático” del proyecto argumentando que la normativa ya exige varios requisitos para la inscripción, además de proponer medidas como la habilitación de consulados los fines de semana para facilitar el registro de votantes. Sin embargo, su pedido no fue respaldado.
Durante el debate, senadores de la oposición señalaron las incoherencias de la propuesta. Ever Villalba (PLRA) calificó el proyecto como una maniobra política para excluir a los migrantes paraguayos, a quienes describió como víctimas de un sistema corrupto que los expulsó del país. “Le temen al voto migrante porque no pueden comprarlos con G. 100 mil”, expresó, refiriéndose a los aportes económicos que los paraguayos en el exterior envían al país.
Por su parte, Esperanza Martínez, del Frente Guasu, aseguró que el trasfondo del proyecto es político y no técnico. Según ella, se busca limitar la participación de los migrantes, quienes históricamente han sido críticos del Partido Colorado.
El senador Eduardo Nakayama (independiente) calificó la ley como inconstitucional y alertó sobre posibles repercusiones internacionales. “Este es el peor atropello cometido por la aplanadora cartista. Estamos ante un proyecto que viola derechos políticos fundamentales y que será denunciado ante la OEA”, afirmó.
En defensa del proyecto, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, aseguró que la ley busca evitar el fraude electoral, como la inclusión de personas fallecidas en el padrón. Estas declaraciones fueron respaldadas por otros legisladores cartistas, quienes rechazaron las acusaciones de la oposición.
Con la aprobación en el Senado, el proyecto queda ahora en manos del presidente de la República, Santiago Peña, quien deberá decidir si veta total o parcialmente la normativa. La oposición ha instado al Ejecutivo a rechazar el texto, argumentando que representa un retroceso en términos de participación democrática y derechos electorales.