Antonio Buzarquis propone crear una comisión bicameral para controlar implementación de “Hambre Cero”
- La propuesta de creación de una comisión bicameral busca asegurar una mayor transparencia y eficiencia en la ejecución del programa “Hambre Cero”.
- El proyectista, Antonio Buzarquis, explicó que se buscará garantizar que los recursos destinados a la alimentación escolar lleguen a quienes más lo necesitan y no sea “solo un negocio” en detrimento de ellos.
- Argumentó que la Contraloría General de la República no tiene la capacidad de fiscalizar, debido a que los informes son anuales y muchas veces ni siquiera son analizados.
El diputado Antonio Buzarquis presentó una propuesta para la creación de una comisión bicameral en el Congreso Nacional con el objetivo de supervisar la correcta implementación del programa de alimentación escolar “Hambre Cero”.
Según Buzarquis, el Ministerio de Desarrollo Social, que actúa como órgano ejecutor del programa, maneja el 70% de los recursos a nivel país tras la exclusión de la Gobernación de Central, Presidente Hayes y Asunción, lo que genera preocupaciones sobre la falta de un control efectivo.
“¿Quién controla al Ministerio de Desarrollo?”, cuestionó Buzarquis en contacto con el programa Hablando Claro emitido por Radio Mundo Sol, argumentando que la Contraloría General de la República no tiene la capacidad suficiente para fiscalizar de manera exhaustiva este tipo de programas debido a su obligación de supervisar a todo el Estado Paraguayo.
Además, señaló que los informes que se presentan a la Contraloría son anuales y a menudo no son examinados en detalle. “Con suerte algunos estarían mirando y revisando”, puntualizó el parlamentario.
El legislador enfatizó la necesidad de fortalecer la supervisión del Congreso a través de una comisión bicameral, para así también dar seguimiento a las denuncias ciudadanas. “He recibido muchas llamadas de comerciantes, empresarios, productores, docentes y directores de instituciones educativas, principalmente del área metropolitana de Central, preocupados por la correcta ejecución de este programa”, añadió.
Buzarquis subrayó que la ciudadanía tiene un interés legítimo en el buen funcionamiento del programa, ya que todos entienden la importancia de su éxito. Si bien reconoció que es válido que las empresas involucradas obtengan beneficios, advirtió que no debe convertirse en “un negocio en desmedro y en nombre de los niños”.