Anadelia arrastra a su padre y pareja en imputación por estafa junto con Darío Flores
- Anadelia Acosta Armoa, el abogado Darío Aquiles Flores, su pareja Ovidio Oviedo y su padre Juan Ramón Acosta, enfrentan cargos por el desvío de dos cheques.
- Están acusados de desviar G. 725 millones de un fondo de G. 800 millones destinados a familias humildes, como parte de un esquema de fraude que involucra documentos falsos.
- La Fiscalía presentó 26 evidencias en contra de los imputados, según la fiscala Norma Salinas, a cargo de la investigación del caso.
La Fiscalía ha imputado a Anadelia Acosta Armoa, funcionaria de la Cámara de Diputados, y a otras tres personas, por presuntos hechos de estafa, apropiación y lesión de confianza relacionados con el desvío de indemnizaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) destinadas a familias humildes. La fiscala Norma Salinas, encargada de la investigación, informó sobre la apertura del proceso judicial.
Acosta Armoa, junto con el abogado Darío Aquiles Flores, fue acusada de apropiarse de G. 725 millones de un total de G. 800 millones destinados a dos familias beneficiadas por la ANDE. También fueron imputados Ovidio Ramón Oviedo Brítez, pareja de Acosta Armoa, y Juan Ramón Acosta, su padre, por su participación en el esquema.
El caso gira en torno a dos cheques intransferibles de G. 400 millones cada uno, que fueron cobrados ante el Banco Nacional de Fomento (BNF) en Repatriación, con el padre y la pareja de Acosta Armoa actuando como testigos de Juana Honorina Casco de Ramírez, una de las beneficiarias. La fiscala Salinas subrayó que “hay 26 evidencias contundentes” en contra de los imputados.
Además, la fiscalía investiga la posible responsabilidad de funcionarios de la ANDE y del BNF, ya que se sospecha que los cheques se habrían entregado y cobrado utilizando documentos irregulares, como una carta poder sin validez legal y una escritura emitida en la localidad de Ybycuí.
Salinas añadió que existen tres documentos clave en el marco de los actos judiciales y administrativos que continúan siendo analizados por la unidad fiscal para esclarecer el caso.
