Alto funcionario del Congreso involucrado en red de estafa a colonos

  • El Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron allanamientos en estudios jurídicos de Santa Rosa del Aguaray en el marco de una investigación por una red de estafa a colonos de Río Verde.
  • Los procedimientos apuntan a abogados, jueces y altos funcionarios del Congreso Nacional involucrados en un esquema relacionado con la adquisición irregular de tierras del Indert.
  • El fiscal José Alberto Godoy Blanco encabezó el operativo que incluyó la intervención de dos estudios jurídicos. Uno de ellos estaría vinculado a José Ljubetic Arellaga.
La fiscalía realizó varios allanamientos simultáneos. || Ministerio Público

En un operativo conjunto entre el Ministerio Público y el Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, se llevaron a cabo allanamientos este miércoles en Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, en el marco de una investigación por una presunta red de estafa a colonos de la comunidad de Río Verde.

La operación apunta a la posible implicación de abogados, jueces y altos funcionarios del Congreso Nacional en un esquema fraudulento relacionado con la adquisición de tierras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

El fiscal José Alberto Godoy Blanco, de la Unidad N° – Fiscalía Zonal de Santa Rosa del Aguaray, lideró los procedimientos que incluyeron el cateo de dos estudios jurídicos en la zona. Uno de ellos pertenecería a José Ljubetic Arellaga, señalado como el principal intermediario ante los colonos para convencerlos de adquirir tierras presuntamente disponibles a través del Indert.

Por el momento, hay dos personas detenidas y una de ellas es el director general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Campuzano, funcionario del Congreso que ingresó a la Cámara Baja en el año 2000, detenido en un procedimiento en la ciudad de Lambaré, departamento de Central. También fueron detenidos José Ljubetic Arellaga e Ilsa Paredes.

Este esquema presuntamente montaba expedientes de contenido falso ante juzgados incompetentes, aludiendo que las tierras se encontraban en conflicto y a partir de ello, sustraían de los colonos sumas importantes de dinero durante largos años, bajo la expectativa de poder terminar esos procesos judiciales en forma favorable.

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