Alejo Ríos desembolsó G. 228 millones para un pozo artesiano
- Transfirió dinero a una Asociación de Movimiento Agrario, que “adjudicó” la obra de perforación al único oferente, en abierta violación al Decreto 3264.
- No existe acta de recepción de obra ni especificaciones técnicas del trabajo.
- Es una de las tantas transferencias, supuestamente, irregulares realizada por el gobernador del Caaguazú durante el año 2020.
El 05 de junio del año 2020, la gobernación del Caaguazú transfirió la suma de G. 228 millones 500 mil a una Asociación del distrito de Vaquería, para la perforación de un pozo artesiano, supuestamente para beneficio de una comunidad de agricultores.
“No obstante, para la compra de bienes o prestaciones de servicios cuyos importes sean superiores a G. 4.999.999, las ONGs deberán realizar un proceso competitivo de tres (3) notas de presupuestos, debiendo optar por la oferta del mercado más económica..”, dice en el Artículo 7° del Decreto 3264/2020 que reglamenta el Presupuesto General de la Nación.
La Asociación del Movimiento Agrario y Popular, de la ciudad de Vaquería, beneficiada con la multimillonaria transferencia, presentó el presupuesto de un solo oferente, JP Ingeniería, por un monto total de G. 228 millones 500 mil. La firma de Paúl Portillo Espínola, emitió la nota en fecha 22 de mayo del año pasado.
El 25 de mayo, a través de una nota, sin membrete y con la firma del secretario general de la Asociación, Jorge Galeano, se le adjudica la obra de perforación de pozo artesiano de 130 metros de profundidad al primer y único oferente. La misma nota fue presentada a la gobernación del Caaguazú. La adjudicación se dio antes que la administración de Alejo Ríos realizara la transferencia, que fue concretada el 05 de junio.
No existe certificado de obra, acta de recepción detalle de materiales ni cantidad de beneficiados. Solo fueron presentadas la factura del JP Ingeniería, a nombre de la Asociación y una factura que esta emitió a la Gobernación del Caaguazú por el monto transferido: G. 228.500.000.
La obra fue pagada por adelantado y en su totalidad sin que exista ninguna garantía de su cumplimiento. Ni siquiera en el contrato de ejecución de trabajo se ha especificado. Si bien es cierto se red de distribución domiciliaria, no está cuantificada ni asentada en ningún acta de recepción de la obra.
En el contrato se establece que la Gobernación deberá realizar la fiscalización correspondiente. En el expediente y rendición de cuentas no se verifica ningún documento que certifique la ejecución, en tiempo y en forma de la multimillonaria obra.
