AGROFITOSAN denunciado por estafa y coacción

• Agrofitosan, empresa agroindustrial, propiedad de Atanacio Báez Dávalos y César Báez Iglesias, es denunciada por Antonio Alcaraz, productor de la zona de Campo 9, Departamento Caaguazú.
• La empresa en cuestión trabaja en líneas de crédito y financiamiento productivo para agronegocios, a los cuales accedía regularmente el ahora denunciante. Su calvario inició en 2017, relata.
• Alcaraz entregaba regularmente granos a los silos de Agrofitosan, pero estos no habían sido inventariados como parte de pago, lo que derivó en embargos, hipotecas y otras medidas usurarias. El caso es investigado por el fiscal Rafael Ojeda.

Agrofitosan es una empresa dedicada al rubro de los agronegocios, sus propietarios Atanacio Báez Dávalos y César Báez Iglesias, a través de la misma conceden líneas de créditos para productores de la agricultura mecanizada o de granos.

Antonio Alcaraz, productor de la zona de 3 de Noviembre, Repatriación, Departamento Caaguazú, es uno de sus asiduos clientes -opera con la firma desde 2017-, acostumbraba realizar transacciones y acceder a líneas de crédito para su producción de granos, periódicamente, cuyos pagos eran cumplidos a través de la entrega de la producción (granos), a los silos de Agrofitosan, los que debían ser descontados de la obligación crediticia, hasta cubrir el monto acordado por las partes.

De acuerdo al denunciante, él cumplía regularmente con sus compromisos, hasta que, desde el 2018 vienen arrastrando desacuerdos o desajustes en los montos, modalidades y otras especificaciones de pago, debido a las excesivas burocracias y dificultades que imponía la propia empresa.

Alcaraz confiado de que la entrega de su producción granelera a los silos de Agrofitosan, en el silo de Campo 5 Sommerfeld, sorprendido recibió intimaciones de pago, vía notificación judicial y embargos preventivos, de que la empresa en cuestión le reclamaba una multimillonaria deuda, debido a su supuesto incumplimiento.

“Entregué unos 87.500 kilogramos de soja al silo de Agrofitosan, con las correspondientes firmas de entrega y recepción, sin embargo la empresa trabó embargo contra mis bienes, tierras, camiones, cuentas bancarias e incluso ingresó mi nombre a la nómina de Informconf, sobre una deuda que ya se suponía que estaba totalmente cancelada”, relata Alcaraz, en su escrito de denuncia, ante la unidad penal del agente fiscal Rafael Ojeda.

Mayor fue su sorpresa, tras corroborar unas maniobras de mala fe por parte de Agrofitosan, dado que en las documentaciones obrantes en la empresa, los 87.500 kg. de soja entregados figuran como producción propia de los campos de la firma y, Antonio Alcaraz, quien firmaba las planillas, fue consignado como chofer de la empresa, no como productor, quien cumplía con sus obligaciones financieras.

Empresa habría estafado en reiteradas ocasiones a productor

Ante tales circunstancias, Alcaraz reclamó ante la empresa, recibiendo como respuesta que esas eran las directrices que los gerentes y empleados del silo, recibían por parte de Atanacio Báez Dávalos y César Báez Iglesias, propietarios de Agrofitosan.

A mediados de 2020, en plena pandemia logró dialogar con ambos responsables, llegando a un “supuesto acuerdo” por parte de Agrofitosan, que prometió rectificar los estados financieros del denunciante, levantar los embargos y borrar su nombre de los registros de Informconf, en una suerte de jugada extorsiva, ante la que Alcaraz accedió, dada su desesperación y muerte civil inminente.

El acuerdo prometido por Agrofitosan incluía el pago de USD 49.128 por parte de Alcaraz, en concepto de pago por intereses, más la hipoteca de un inmueble que obtuvo en condición de préstamo por parte de un hermano suyo, vía escribanía, al cual accedió a firmar, haciéndolo efectivo ante la oficina notarial de Raquel Silguero de Gómez, en Campo 9.

Tras este acuerdo suscripto, en la seguridad de que Alcaraz se libraba de todos sus problemas, nuevamente sorprendido, corroboró que no fueron levantados los embargos, rectificados sus estados financieros y ni siquiera borrado de los registros de Informconf.

Es más persistían sus problemas judiciales, debido a que, en su ingenuidad el acuerdo firmado ante notaría difería totalmente del acuerdo al que había arribado con Agrofitosan, en el que se consignaba por ejemplo que, en lugar de USD 49.128 entregados, figuraban USD 44.128, es decir, USD 5.000 dólares menos, por lo que la actitud usuraria, malintencionada y estafadora de la empresa persistía.

“El nivel de mala fe llegó a tal extremo que se consignó USD 5 mil menos en el acuerdo que firmé con la empresa, esto es inadmisible, lo corroboramos a través del comprobante de depósito que obra en mi poder y acerco al expediente, deposito realizado en la entidad financiera Bancop”, asegura Alcaraz.

Ante este cumulo de circunstancias y evidencias documentadas, Alcaraz aguarda que, el agente fiscal Rafael Ojeda, imprima el trámite correspondiente al expediente judicial, habiendo arrimado y ofrecido suficientes elementos de probanza, desde documentos, audios, comprobantes de depósito, audios de Whatsapp, mensajes de textos, entre otros.

Agrofitosan cuenta con su sede central en la ciudad de Santa Rita, Alto Paraná, donde cuenta con silos, así también en las localidades de Campo 5 Sommerfeld y Casilla Dos, en Nueva Toledo en el Departamento Caaguazú.

Esta modalidad operativa no sería única ni aislada por parte de la empresa, propiedad de Atanacio Báez Dávalos y César Báez Iglesias, es más habrían varias víctimas más, quienes por temor a represalias o imposibilitados de hacer frente con los litigios judiciales, acceden a sus supuestos mecanismos extorsivos, por temor a ser despojados de sus tierras, que si bien siguen labrando, ya prácticamente, están a punto de pasar a formar parte del patrimonio de los supuestos victimarios.

Es más, de acuerdo a datos e informaciones aportadas, Agrofitosan debió dejar de operar en su silo de Casilla Dos, Nueva Toledo, debido a que por casos y prácticas similares de abusos con otros agroproductores, estos le habían negado la entrada a la comunidad, siendo declarados personas no gratas, por parte de productores de la zona.