Abogado Erculano Cañete denuncia intento de coacción y soborno en caso judicial de Coronel Oviedo

  • Paola García, quien previamente denunció a Erculano Cañete por coacción, habría citado a un testigo para coordinar su declaración, presionándolo para que lo señale como el autor intelectual de los hechos.
  • El abogado Erculano Cañete denunció que la denunciante en su contra, Paola García, le ofreció G. 10 millones a un testigo para que modifique su versión y lo incrimine.
  • La fiscal Gladys Torales negó haber mantenido contacto con Paola García o sus representantes desde que la denuncia fue presentada, y rechazó las acusaciones de haber participado en cualquier arreglo.
La abogada de García, Sady Díaz. || OviedoPress

La controversia en torno al abogado Erculano Cañete, involucrado en un proceso por supuesta coacción, se intensificó cuando reveló un audio en el que, supuestamente, Paola García, la denunciante en su contra, le ofrece G. 10 millones a un testigo para que modifique su declaración y lo incrimine.

Según el abogado, la propuesta habría incluido la intervención de la fiscal Gladys Torales, algo que la representante del Ministerio Público niega rotundamente.

En el audio, se escucha a una mujer, identificada por Cañete como Paola García, quien habría citado a uno de los implicados para “declarar lo justo y necesario”, señalando que el testigo debía decir que Cañete fue quien los contrató.

“Nosotros ya hablamos todo con la fiscal de tu caso”, menciona la voz en el mensaje, sugiriendo un acuerdo con la fiscal para evitar la imputación de todos los involucrados si la declaración se alineaba a lo acordado. Además, el mensaje alerta que “mañana van a ser todos imputados”, lo que incrementa la presión sobre el testigo.

La fiscal Torales negó enérgicamente haber tenido algún contacto con la denunciante, afirmando que desde el momento en que Paola García presentó su denuncia inicial, no tuvo más encuentros con ella ni con sus abogadas.

“Desmiento totalmente que yo haya informado lo que voy a hacer en la carpeta fiscal o prometido beneficios a cambio de testimonios”, expresó en contacto con el programa Hablando Claro emitido por Radio Mundo Sol, aclarando que no se hace responsable “de lo que terceros puedan decir en su nombre”.

Torales enfatizó su compromiso con la transparencia, subrayando que nunca ha actuado de forma corrupta ni en este caso ni en su historial profesional.

El abogado Cañete también explicó que, debido a la gravedad de la situación, presentará una denuncia contra García, a quien acusa de intentar influir en el caso mediante presiones y sobornos. “Ofreció G. 10 millones para que uno de los involucrados cambie su versión” afirmó Cañete, sugiriendo que esto revela un intento claro de alterar los testimonios para perjudicarlo directamente a él, más que a los otros acusados.

La defensa de García niega las acusaciones
La abogada de García, Sady Díaz, declaró que las acusaciones de Cañete son “absurdas” y un intento de desvirtuar la investigación y desacreditar el trabajo de la fiscalía y de su cliente, quien, según ella, ha sido víctima de amenazas y hostigamientos constantes.

Díaz sostuvo que las denuncias por coacción grave y violencia intrafamiliar en contra de García se basan en evidencia contundente, incluida la supuesta participación de un grupo armado que habría invadido la propiedad de García y amenazado a su familia.

Díaz señaló además que solicitará al Ministerio Público investigar la titularidad del teléfono desde el cual se emitieron las llamadas presentadas como prueba por Cañete. La abogada resaltó la importancia de considerar ambas versiones y aclaró que, de ser todos culpables, las sanciones deberían aplicarse de manera equitativa.

Próximos pasos en la investigación
El Ministerio Público continuará evaluando las pruebas en este caso, mientras que Cañete se mantiene en su postura de denunciar lo que él describe como un intento de soborno y manipulación por parte de García.

La fiscal Torales, por su parte, ha anunciado que tomará medidas para proteger la integridad de la investigación y evitar que su nombre sea utilizado en acuerdos ajenos a la fiscalía.

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