A un año de gobierno departamental “poco ruido y menos nueces”

Transcurrieron 12 meses del inicio del gobierno departamental de Caaguazú de Alejo Ríos Medina, gobierno que asumió el 15 de agosto del 2018, sin jurar en Coronel Oviedo, porque su promesa fue jurar en la ciudad de Caaguazú y así lo hizo el 17 de agosto. Al principio hubo mucho “ruido”, hoy día se disiparon lo cual evidencia que “las nueces son muy pocas”.

Alejo Ríos junto con su esposa, el día en que juró al cargo de gobernador, en la ciudad de Caaguazú || Archivo – OviedoPress

Alejo Ríos Medina (PLRA) asumió el poder en el departamento Caaguazú y a un año de su gestión se puede repasar varias facetas de su administración al frente de uno de los departamentos más pobres, el tercero, del Paraguay.

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Al inicio de su mandato pintaba bien, afirmó que solicitaría la auditoría de la administración de su antecesor, su correligionario y jefe de campaña, Eliodoro Giménez, quien ocupó el cargo de gobernador por siete meses, ante la renuncia de Mario Varela (ANR), para trabajar en su campaña proselitista para el cargo de diputado.

Durante la conferencia de prensa se expusieron datos que revelan irregularidades || Archivo – Cortesía

Denuncia. A escaso un mes de haber asumido convocó a conferencia de prensa, una en Coronel Oviedo y otra en Caaguazú, para exponer los resultados de una auditoría interna que, según el propio Alejo Ríos, arrojó resultados nefastos por las irregularidades cometidas, supuestamente por Eliodoro Giménez.

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“Se ha ejecutado o comprometido un 89% del presupuesto 2018 (G. 77.551.009.436)”, había afirmado en la conferencia de prensa realizada el 27 de setiembre en la sede de la gobernación, ante periodistas de la ciudad de Coronel Oviedo.

Además afirmó que existen una serie de irregularidades como compras efectuadas sin contar con los productos facturados e inconsistencias en la conciliación bancaria por más de G. 16.000 millones.

Lucía Burgos, mano derecha de Alejo Ríos, se encargó de dar detalles de otras irregularidades detectadas por la auditoría, pero cuya denuncia nunca fue formalizada ante el Ministerio Público, a pesar de las pruebas que decían tener.

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Opa reí. Todas las denuncias realizadas por Alejo Ríos fueron desestimadas por él mismo, cuando presentó su ejecución presupuestaria a la Junta Departamental. Los documentos reflejaron que el anterior gobernador, Eliodoro Giménez había ejecutado solo el 48% del presupuesto y que el restante (52%) fue ejecutado desde el 15 de agosto hasta el 31 de diciembre, por el nuevo gobierno al mando de Ríos Medina.

A través de uno de sus principales y cercano colaboradores, el concejal departamental César Britez (PLRA), operó fuertemente para lograr obtener los votos para la aprobación de una serie de irregularidades administrativas.

En una especie de “engaño colectivo”, el concejal Britez, expuso varias irregularidades evidenciadas en los documentos, sin embargo terminó instando la aprobación de la ejecución presupuestaria de la administración Alejo Ríos, en la que su esposa Nancy Coronel, ostenta el cargo de directora departamental de Educación.

Nepotismo. El gobernador Alejo Ríos colocó a su parentela en puestos claves de la gobernación del Caaguazú, en clara y abierta violación a la Ley 5295/14, que prohíbe el nepotismo en la función pública.

Entre los parientes de Alejo Ríos que ocupan cargo aparecen: Elida María Ríos Núñez, hija del gobernador de Caaguazú, Martha Ríos sin asignación de cargo y/o funciones, percibiendo una retribución salarial mensual de G. 5 millones, Mercedes Fabiola Núñez Medina y Carlos Antonio Benítez Bóveda, concuñado de Ríos Medina.

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A pesar de las evidencias de nepotismo, Alejo Ríos minimizó el hecho, revelando su “amistad” con esta práctica desde que era intendente municipal de Caaguazú.

Lejos de que la entidad contralora, la Junta Departamental, cuestione el nepotismo consumado y evidenciado en documentos, blanqueó a Alejo Ríos. La concejal Vicenta Cano propuso que “este tema de nepotismo no se tiene que ni tocar en esta Junta”.

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Y así fue, se llevó a votación la situación expuesta y los miembros de la Junta Departamental, decidieron dejar sin efecto la denuncia que surgió del mismo seno de legislativo departamental.

Licitación y adjudicación a dudosas empresas
Una repartija en la adjudicación del Almuerzo Escolar fue denunciada, días antes de la apertura de sobre, y que fue consumado el 24 de mayo. Más de G. 11.000 millones fueron distribuidos a tres empresas: Girasol SA, La Parrilla de Charlot e Ingenio de Alimento Campo Verde.

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Tanto Girasol SA como Ingenio de Alimento Campo Verde cuentan con frondosas denuncias de supuestos malos servicios en adjudicaciones pasadas en otras regiones del país. Girasol SA, de Mirian Lujan Duarte, incluso fue sujeto de sumario por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, cuyo resultado demostró graves irregularidades.

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Por su parte, la empresa Ingenio de Alimento Campo Verde, propiedad de Rodolfo Méndez, fue sometida a la Auditoría General del Poder Ejecutivo (2015) cuyo resultado evidenció supuestas irregularidades consideradas graves como la evasión impositiva.

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“Leche de oro”
La retrasada Merienda Escolar, trajo consigo otros cuestionamientos de índole administrativo: la supuesta sobrevaloración del precio de la leche.

La gobernación del Caaguazú, adjudicó la provisión de 1.198.980 litros de leche y paga por cada sachet G. 5.990. El precio de mercado, minorista, es G. 5.400 en supermercados o despensas.

Teniendo en cuenta la que la cantidad ya pasa a ser categoría mayorista, el precio es menor al unitario: G. 4.600. De acuerdo a una publicación del diario ABC Color, la empresa Lactolanda aplica un descuento del 14% cuando se trata de cantidad mayorista por lo que el costo de adquisición en fábrica es de solo G. 3.956 el litro.

Falta de transparencia
Aunque mensualmente publica en el portal web, los documentos exigidos por la Ley 5189/14, ha eliminado todos los datos publicados por las administraciones anteriores: Mario Varela (ANR) y Eldiodoro Giménez (PLRA), ningún ciudadano puede acceder a ningún dato o información del gobierno departamental desde el 2013 al 2018, debido a que fueron borrados.

Además, rehuye de brindar información pública al ciudadano que lo solicita a través de prerrogativas de la Ley 5282/14 de la Ley de Acceso Ciudadano a la Información Pública.

En la presente semana, serán concretarán acciones judiciales, tal como lo contempla la Ley, por su negativa a brindar información pública.

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El primer año de gobierno de Alejo Ríos, apenas está trastabillando, pero no por ser nuevo, es por querer imponer un modelo de gobierno con tinte autoritario que es capaz de ningunear al ciudadano, sus necesidades y a las instituciones públicas. El hecho de que no responde a solicitudes de informaciones a su propia Junta Departamental, demuestra que su pretensión es administrar la cosa pública sin control, auditoría y mucho menos rindiendo cuentas.

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Se espera que, por el bien de los habitantes del departamento Caaguazú, realice un golpe de timón y que se comience a ver obras y acciones que marquen huellas en un periodo que, hasta ahora, no tuvo mucho ruido y casi nada de nueces.

 

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