A ocho años del intento de enmienda y del levantamiento ciudadano en defensa de la democracia
- El 28 de marzo de 2017, 25 senadores afines a la reelección presidencial realizaron una sesión irregular en el subsuelo del Congreso, modificando el reglamento interno para allanar el camino a la enmienda constitucional. La maniobra desató una crisis política sin precedentes.
- La ciudadanía respondió con protestas masivas en Asunción, Ciudad del Este y otras ciudades. Gremios empresariales, líderes religiosos y estudiantes universitarios denunciaron la enmienda como un golpe parlamentario y exigieron respeto a la democracia.
- El 31 de marzo, la crisis alcanzó su punto máximo con la violenta represión policial en el Congreso y el incendio parcial de la sede legislativa. Durante la madrugada del 1 de abril, la Policía irrumpió en el PLRA y asesinó al joven dirigente Rodrigo Quintana, un hecho que conmocionó al país.
Este 28 de marzo se cumplen ocho años de uno de los episodios más turbulentos de la política paraguaya reciente: el intento de enmienda constitucional impulsado en 2017 por el entonces presidente Horacio Cartes, junto con los exsenadores Fernando Lugo y Blas Llano, con el objetivo de habilitar la reelección presidencial. La maniobra, conocida como “Enmienda Mau”, desató una reacción inmediata de la ciudadanía, gremios y líderes religiosos, quienes denunciaron un intento de golpe parlamentario
El 28 de marzo de 2017, un grupo de 25 senadores afines al proyecto de reelección llevó a cabo una sesión irregular en el subsuelo del Senado, ignorando los procedimientos legislativos y modificando el reglamento interno para allanar el camino hacia la enmienda. La sesión, calificada como “mau” (fraudulenta), fue liderada por legisladores cartistas, luguistas, liberales llanistas y oviedistas, quienes usurparon la presidencia del Congreso para imponer su agenda.
El entonces ministro de Hacienda, Santiago Peña, intentó minimizar la gravedad del hecho, argumentando que se trataba de un “uso transitorio” de la presidencia del Senado. Sin embargo, la respuesta de la sociedad fue contundente
El 29 de marzo, los primeros pronunciamientos de condena llegaron desde la Iglesia Católica. Obispos de todo el país rechazaron la maniobra política, y en el Santuario María Auxiliadora de Asunción apareció un pasacalle en repudio a la enmienda. Gremios empresariales como la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y empresarios cristianos calificaron lo sucedido como un “atropello a la democracia” y “una farsa parlamentaria”.
Estudiantes universitarios de las facultades de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se sumaron a las manifestaciones, denunciando lo que consideraban un “Golpe Parlamentario”. Desde la oposición, diversos sectores llamaron a la ciudadanía a movilizarse más allá de las redes sociales y a tomar las calles en defensa de la democracia.
Durante la tarde y noche del 29 de marzo, se realizaron marchas en el microcentro de Asunción, así como en Ciudad del Este y Carapeguá. En paralelo, senadores que habían apoyado la enmienda comenzaron a ser objeto de escraches ciudadanos, como el caso de los liberales Julio César Franco y Blanca Lila Mignarro, cuyas viviendas fueron blanco de protestas con papel higiénico.
En el Congreso, el entonces presidente del Senado, Robert Acevedo (PLRA), anunció que presentaría una acción ante la Corte Suprema de Justicia para anular la sesión ilegítima del 28 de marzo. Sin embargo, un año después, el Poder Judicial, históricamente alineado con el Ejecutivo, terminaría validando la cuestionada sesión.
El 29 de marzo también sesionó la Cámara de Diputados, dominada por el cartismo, donde la mayoría parlamentaria impuso la prohibición del debate sobre la enmienda, consolidando el autoritarismo en el proceso legislativo.
Los hechos del 28 y 29 de marzo fueron solo el preludio de los acontecimientos violentos del 31 de marzo, cuando efectivos antimotines reprimieron con brutalidad a manifestantes frente al Congreso. La sede legislativa fue incendiada parcialmente por grupos radicalizados, en un episodio que marcó el clímax de la crisis política.
Durante la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril, la Policía llevó a cabo una persecución masiva de manifestantes. En un trágico desenlace, efectivos policiales ingresaron a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde asesinaron al joven dirigente Rodrigo Quintana, un hecho que conmocionó al país y marcó un antes y un después en la lucha por la democracia en nuestro país.
Sin embargo, el asesinato de Rodrigo Quintana y la impunidad de muchos responsables de la represión policial siguen siendo heridas abiertas en la historia del país.
